Autor: sweet-tesla

Llegar a la vereda El Guamo, en la parte más baja del río Caguán, toma cerca de ocho horas desde el centro poblado de Cartagena del Chairá en una lancha rápida. Quienes están habituados a hacer ese viaje saben que el pasaje vale 170 mil pesos, una cifra alta para otras latitudes, pero natural en esta región del país donde hay pocas regulaciones estatales.

En esta vereda se acostumbraron a sobrevivir sin la presencia integral del Estado y aferrándose a cualquier actividad económica que pueda sostenerlos entre la selva caqueteña, que hace parte del ecosistema de la Amazonía. Pero el deseo de alcanzar esa estabilidad afecta el medio ambiente. De ello son conscientes líderes y lideresas campesinas de la región. 

“Nosotros sabemos el daño que hacemos con la tumba de selva, nosotros no somos tan brutos. ¡Entendemos!”, afirma un campesino entre la profundidad de la manigua del Bajo Caguán, quien prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad. 

Este labriego cuestiona la gestión de algunos funcionarios del Estado para conservar el medio ambiente y apoyar a las comunidades en esas tareas. “Vienen y dicen: ‘en el bote viene un recipiente de mil litros para guardar agua’ y pues uno se contenta porque si uno no tiene con qué comprarlo y ya con eso uno se deja enredar y no llega nada más”. Y otro labriego lo complementa: “todo gobierno es así: miran que acá hay campesinos pobres, ‘no tienen dónde caerse muertos, vamos a enredarlos’. Y nosotros recibimos porque necesitamos”.

La tragedia que hoy afrontan las comunidades de Cartagena del Chairá no es la guerra. Lo que en realidad tiene sitiados a centenares de chairences, y con ellos a la selva amazónica, son la falta de títulos sobre la tierra que habitan y la dependencia de una economía inviable con la Amazonía, como la ganadería extensiva, para no recaer en la dependencia de la economía ilícita del cultivo de hoja de coca para uso ilícito.

“Realmente todos esos matices se han originado en el territorio por la falta de oportunidades. No ha habido realmente un reconocimiento de esas comunidades campesinas para tener otras alternativas de vida, otras alternativas de producción”, señala Aristides Oime, líder social del municipio.

Leoncio Montaña Bahamón, campesino de la vereda Las Quillas, es la voz de esa falta de oportunidades: “uno siembra un cultivo, por ejemplo plátano yuca o algo así, pero es para el consumo de uno porque no hay empresas  o algo así que compren los artículos… nada. Si uno se va en pérdidas yendo no más a Remolino (del Caguán) con un racimo de plátano, entonces uno para qué se va a poner a cultivar. El transporte es carísimo, uno llega arriba (a la cabecera municipal) y la comida, como plátano, llega en mal estado”.

Los dilemas entre la necesidad campesina y el medio ambiente abundan por montón y lo que piden centenares de familias del municipio es que no las señalen sin antes conocer sus carencias. Uno de esos casos está en la comunidad de Las Quillas, formada por 18 familias pobres, la mayoría no posee títulos del suelo en el que habita y que realiza pequeñas talas para sostenerse de la ganadería. 

En el 2018, con ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), estas familias lograron gestionar recursos para construir un puente de 300 metros hecho en madera que va del río Caguán hasta sus fincas. Sin embargo, como consecuencia de la humedad de la selva, cada año deben tumbar árboles para rehacer las partes del puente que se van dañando, engrosando las cifras de tala de bosques por simple necesidad.

De las palabras a la acción

Haciéndole frente al difícil suelo amazónico, al conflicto armado, al lugar que se ha hecho la ganadería extensiva en la región y a los cultivos de uso ilícito, algunas familias campesinas, apoyadas por organizaciones sociales, han emprendido acciones para intentar frenar la deforestación y darle un giro a sus condiciones socioeconómicas, avanzando de esa manera en el fortalecimiento de una conciencia ecológica benéfica para el ecosistema amazónico.

Experiencias del pasado han demostrado que es posible encontrar alternativas para la sostenibilidad de las comunidades en el Caguán sin acabar los bosques. Como lo pretendió Giacinto Franzoi, recordado por las comunidades como “el padre Jacinto”, quien, a finales de la década de los años ochenta, llegó hasta Remolino del Caguán para proponerle a los campesinos sustituir los cultivos de hoja de coca para uso ilícito con siembra de cacao y exportar chocolates bajo el nombre de ‘Chocaguán’. 

Varias apuestas se impulsan en la región para, como otrora fue con la hoja de coca, reducir la ganadería extensiva. Una  de esas historias es la de Baudilio Endo, de 58 años, quien hace 38 años llegó al Bajo Caguán. La historia de este labriego es el testimonio de la mayoría de campesinos de Cartagena del Chairá: llegó al municipio sobre la década de los ochenta siguiendo el rastro de la hoja de coca y la ilusión de hacerse a un pedazo de tierra. Tras la tensión que le generaba depender de un negocio ilícito, decidió abrirse paso en la actividad ganadera en el 2010. 

Endo es de ese grupo de chairenses que tiene título sobre la tierra que trabaja. La autoridad agraria le tituló La Reforma, una finca de 53 hectáreas en la zona sustraída de la Reserva Forestal de la Amazonía, a pocos metros de empezar esa Área de Especial Interés Ambiental. Pero con la sabiduría que dan los años y la experiencia, así como la pérdida de la ambición de conseguir dinero a toda costa, critica a los terratenientes del municipio y les propone soluciones.

“Por ejemplo, el lote abierto que tiene uno solo de 600 hectáreas, que por acá los hay, que se metan ahí seis familias, acomodadas con finquitas y ganado con buena genética”, plantea Endo.

El hecho de tener título de propiedad sobre la tierra que habita y trabaja posibilitó que pudiera ser beneficiario de proyectos de conservación forestal y por eso hace casi 10 años que no deforesta en grandes proporciones, manteniendo 23 hectáreas de todo el predio en bosques. Algunos años ha tumbado media hectárea para sembrar comida, pero asimismo se ha apresurado a reforestar con árboles de abarco, aguarrás, roble amarillo o sevillana.

Otro de esos casos lo abandera Yamit Cardona. Llegó a los cuatro años de edad a Remolino del Caguán, por lo que se considera un chairense más. La guerrilla de las extintas Farc le arrebató a su papá y a un hermano, pero con todo y eso nunca dejó el Caguán. A los 14 años se puso a raspar hoja de coca y a vivir como raspachín. Años después le dio un giro a su vida y desde hace siete años se desempeña como profesor de la vereda Buena Vista.

Desde los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), iniciativa que incorpora situaciones críticas ambientales locales a varias actividades de las instituciones educativas, la escuela de Buena Vista propuso sembrar 500 árboles.

“Si yo con un niño comienzo de pequeño ‘vean vamos a sembrar esto, explicarle que si sembramos un árbol frutal nos puede dar frutos a futuro, si sembramos árboles maderables también, si sembramos árboles de sombra también,  pero pasa lo mismo que con el Estado: el PRAE es simplemente hagan, vayan trabajen allá… Mándenos herramienta, mándenos material, ¡apóyenos!, pero nos dejan solos”, plantea el docente.

Otro de los problemas que resalta es que la continuidad no está garantizada. Los docentes rurales asumen unos compromisos con el Ministerio de Educación que decide en qué vereda y departamento prestarán su servicio. Así, proyectos como el de sembrar árboles que adelanta Cardona se desarticulan, como pasó con la escuela de la vecina vereda de Monserrate en el que un docente había sembrado 200 árboles con sus estudiantes, pero a inicios de este año lo cambiaron y quien lo reemplazó en el cargo no conoce el proceso que se estaba llevando.

Al igual que Cardona o Endo, centenares de familias se han interesado en llevar su vida en armonía con la selva amazónica. Poco a poco van consolidando la conciencia ecológica. 

La “finca modelo”

Los campesinos del Bajo Caguán ansían que dejen de llegar instituciones, públicas y privadas, con proyectos aislados y se articulen para lograr que lo que vengan a proponerles para la conservación de la selva y el fortalecimiento de sus condiciones socioeconómicas dé resultados concretos.

“Vienen acá reúnen a dos, tres veredas, hablan bien bonito, y nos pintan que nos van a ayudar. Uno piensa ‘puede que este sí’ y ahí va, cuando llega otro que habla mejor todavía y ahí quedamos. Eso sí: saquen y saquen firmas… Y en esos intermediarios se quedan el dinero”, reflexiona un campesino consultado.

Si bien los labriegos de Cartagena del Chairá siguen esperando que el Estado les brinde soluciones integrales para vivir en la Amazonía sin afectarla y con la oportunidad de crecer en sus economías campesinas, algunos han empezado a hacerse cargo de la conservación ambiental con sus propias manos. 

“Ya nos adaptamos a vivir en la zona. Queremos que se nos respete la zona y vivir aquí tranquilamente. Hemos conformado nuestras familias. La mayoría nacimos en otra región del país, pero yo me siento de aquí y creo que mucha gente se siente de aquí”, expresa Rafael Rodríguez, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Guamo. Para vivir tranquilamente en el Caguán las familias deben hacerlo cambiando su relación con la selva.

Uno de esos casos germina en la parte más baja del municipio, impulsado por la Asociación Campesina Integral Comunitaria Núcleo 1 Cartagena del Chairá (ACAICONUCACHA). El proceso organizativo de las comunidades de Cartagena del Chairá es fuerte y verdaderamente único. A mediado de la década de los 80, durante los años de control del Frente 14 de las antiguas FARC, los líderes consolidaron los liderazgos, acordaron agrupar las veredas del municipio en “núcleos” y establecieron manuales de convivencia en los que, entre varias cosas, se precisaba el cuidado del medioambiente.

ACAICONUCACHA tiene un plan de desarrollo realizado con el Instituto Sinchi desde el año 2020 en el que 16 veredas y por lo menos 600 asociados quieren apostarle a la idea de la “finca modelo”: terrenos para ser trabajados de manera tecnificada y con una producción sostenible, en donde se cultive pancoger y algunos productos para comercializar, se tenga unas cuantas vacas y otros animales y se reforeste sembrando árboles nativos.

“Para el proyecto de la finca modelo nos ayudó fuertemente el Sinchi; además, para sacarle la personería jurídica a la asociación. Se buscaron recursos, algunos ya nos han dado unos rollos de alambre y una batería para la implementación de la energía para las cercas y la luz de la casa”, cuenta el expresidente de la Junta de El Guamo. 

En la ejecución de ese proyecto estaba contemplada la instalación de una planta procesadora del fruto de la palma de Canangucha o Moriche, un especie amazónica cultivada en la región caqueteña y de la cual se pueden extraer varios productos para la alimentación humana y animal. Aunque se terminó de construir, no está funcionando. Este portal estuvo en la vereda El Guamo y la encontró cerrada, con la maquinaria cubierta por el polvo. 

La comunidad explica que el Instituto SINCHI nunca entregó las instalaciones con los ajustes finales y no hubo un acompañamiento para continuar con el proyecto en la fase productiva. A finales de abril de este año, funcionarios de esa institución llegaron al sitio y se comprometieron a que en junio próximo reunirían a la comunidad y se pondría en marcha la planta.

Si bien los proyectos productivos en el Bajo Caguán aún no son una realidad, la fe en la idea de la finca modelo sigue intacta. Uno de los que quiere cambiar la manera cómo se relacionan las comunidades con la selva amazónica es Hector Agudelo, un campesino de 65 años de edad, 35 de los cuales ha vivido en la vereda Las Quillas. 

“Yo tengo una finca —cuenta este labriego—, pero yo por lo menos no cuento con ella porque estamos en Zona de Reserva Forestal y no nos dan títulos. Y ya no quieren que nosotros tumbemos para sembrar el pasto para el ganado, pero nosotros queremos seguir trabajando… ¡Yo ya estoy viejo, estoy pa’ morirme!, pero tengo un hijo muy joven y quiero dejarlo bien. La única alternativa que vemos es la cuestión de la finca nueva, la finca modelo, que llaman: sembrar pasto de corte y sembrar la yuquita y el plátano en lo poquito que tenemos tumbado”.

Desde la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá han elaborado una propuesta de “finca modelo” de cara a la realidad de la región. “Esto depende de la voluntad del Estado, la voluntad del gobierno para invertir en la región. Nosotros hemos dicho: ‘paramos la deforestación si hay voluntad del gobierno’”, precisa Aristides Oime, líder de la región y miembro de la Mesa.

Ante la lentitud estatal, buena parte de esa voluntad para acompañar a los campesinos la han encontrado en organizaciones no gubernamentales como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). 

“Han habido muy pocas opciones en las que organizaciones, o el Estado, hayan ofrecido proyectos, porque varios han llegado, pero la forma en que lo han hecho o la permanencia no ha sido igual. Lo que nosotros hemos logrado nos permite movernos con cierta tranquilidad”, considera Emilio Rodríguez, investigador de la FCDS, al tener presente que la llama viva del conflicto armado hace que tengan que andar con cuidado en la región para no tener problemas con las disidencias de las extintas Farc por el estricto control que ejercen sobre aquellos foráneos que visitan la región del Caguán.

“Hay una gran oportunidad de hacer un proyecto agroforestal, eso implica que donde ya hubo un potrero usted debería tener un sistema que incluya árboles maderables, árboles frutales y pancoger. Y tanto los frutales y el pancoger, en un corto periodo de tiempo, van a ser útiles para su economía doméstica”, explica Rodríguez, lo que se traduce en ayudar a la economía de las familias al no depender de la compra de frutas y verduras en el comercio, reforestar áreas afectadas y crear un proyecto campesino que representen un ingreso para las familias. 

Con esos objetivos, la FCDS le muestra a las comunidades cómo la forestería comunitaria les ayudaría a desarrollar, en parte, lo que ellos establecieron como la “finca modelo”. A esa propuesta se han sumado 90 familias en el Núcleo 1 que de la mano del Sinchi están explorando la capacidad de aprovechamiento de productos maderables y no maderables.

“En la vereda El Capricho una señora nos dio jugo de tomate de árbol, ¡imagínese de dónde llegó ese tomate de árbol!, El tomate de árbol se produce por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar. Esa señora pagó por ese tomate de árbol para dárnoslo en el jugo, rodeada de bosque en donde podría tener cantidad de productos y frutos propios de la selva del Caguán de los cuales ella y su familia podría estarse beneficiando”, expresa Rodríguez.

Algunos de los productos más prósperos en el Bajo Caguán son el azaí o los melipolicultivos, de los cuales se puede sacar miel con un alto precio en el mercado, por eso alrededor de 20 familias empezarán a trabajar, de la mano de la Fundación, con la miel.

¿Qué tanta prosperidad tiene impulsar proyectos de azaí y abejas en el Bajo Caguán?, de cara a un suelo difícil para la agricultura y los altos costos para sacar los productos río arriba. Es la pregunta que se hacen centenares de labriegos de la región: “yo me pregunto ¿quién compra eso? ¿a dónde se vende el proyecto? Nosotros nos ponemos a sembrar un cuarto de hectárea de arazá, ese árbol bota mucho fruto y después de que tengamos la cosecha cargada en el bote para sacarla, ¿qué hacemos nosotros? ¿dejar pudrir esa pepa ahí? No hay una salida asegurada”, expone un campesino de la vereda Las Quillas.

La respuesta que da el experto es que para que este tipo de proyectos funcione deben ser concebidos de manera diferenciada para un mercado específico. “Quien produce una miel de abejas hecha en el Bajo Caguán, asociada a la protección del bosque que colinda y protege al Chiribiquete, es algo que tiene un mercado diferente y que debe venderse de una forma diferente y a un público objetivo diferente. Yo estoy seguro que habrá gente, incluso fuera del país, que estará interesada en comprar ese tipo de productos”, asevera, con convicción.

Al respecto, Rafael Rodríguez, desde su finca en la profundidad del Bajo Caguán, considera que este tipo de propuestas son una buena alternativa para campesinos como él, que tienen deforestadas entre 30 o 40 hectáreas, parar la tumba de árboles y empezar a recuperar los bosques.  

«Nosotros buscamos un sistema de vida en la región del que nos podamos sostener —dice el expresidente de la Junta de El Guamo— y creemos que con nuevos estilos de fincas podemos hacerlo, pero el problema es la gente flotante que hay en la región. Algunos asumimos esa responsabilidad, otros no, entonces es una dificultad grande poder llegar a tener un acuerdo general y eso no lo hablo yo por El Guamo, lo hablo yo generalizando el río Caguán”.

“Nosotros necesitamos que haya Pagos por Servicios Ambientales”, propone este labriego, es decir, que el Estado le dé dinero a las familias por conservar los bosques de sus predios, pero para acceder a estos incentivos de conservación debe revisarse conjuntamente con el Estado la situación de tenencia sobre la tierra de los chairenses, como lo demanda el líder Oime: “vayan y verifiquen porque hay mucho campesino que no puede tener el documento, pero tiene la tradición de años en el territorio”.

Esperan pagos por cuidar la Amazonía

“Para que haya cero deforestación sería con la ayuda de instituciones o del Estado, que venga y diga: ‘le vamos a aportar una mensualidad a cada fincario para que no tumbe su monte, no más para la comidita’. Entonces por ese lado es que estamos aquí, tanto yo como la comunidad, esperando ese día que llegue”, relata un campesino de la vereda Las Quillas.

Hasta ahora, la única alternativa que el Estado le ha puesto sobre la mesa a familias como las de Las Quillas, que viven y trabajan en Zona de Reserva Forestal, para asegurar su permanencia en el territorio y recibir ganancias por cuidar de la selva, son los Contratos de Conservación Natural (CCN). 

Se trata de una estrategia integral de conservación que, por primera vez en Colombia, permite regularizar la ocupación histórica de las comunidades campesinas e impulsar la gestión sostenible en las Zonas de Especial Interés Ambiental declaradas por la Ley 2 de 1959, sustituir cultivos de uso ilícito y fortalecer la producción agraria de las comunidades en polígonos específicos que ha determinado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Este pacto le daría cierta seguridad jurídica a las familias que suscriban estos CCN al tener la oportunidad de ser un ocupante reconocido por un plazo que va de 1 a 10 años, dependiendo de las actividades que desarrollen y con la posibilidad de prorrogarse si se ha cumplido con las obligaciones contractuales.

“De acuerdo con la Ley de Acción Climática No. 2169 de 2021 en su artículo 7, CCN es una estrategia que comprende el otorgamiento del derecho al Uso de la Tierra y la celebración de Acuerdos de Conservación con familias rurales que habitan baldíos no adjudicables, tales como las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2a de 1959”, precisa Tatiana Watson, gerente de la estrategia de Contratos de Conservación Natural de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en respuesta escrita enviada a este portal.

¿En qué consisten estos dos componentes? Según le explicó la funcionaria, los Acuerdos de Conservación Voluntarios son mecanismos que orientan el ordenamiento del predio, la posibilidad de acceder a un pago por servicios ambientales, desarrollar procesos de restauración y/o establecer proyectos productivos sostenibles. 

Los Acuerdos de Conservación sólo podrán ser entregados cuando se otorgan los Contratos de Derecho de Uso, un acto jurídico concedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que da “el derecho al uso y goce de la tierra, reconociendo la normatividad ambiental, entre ellas la de Reserva Forestal establecida por la de la Ley 2 de 1959”. 

Pero la exigencia de los Contratos de Derecho de Uso se convirtieron en la manzana de la discordia entre las antiguas comunidades cocaleras de Cartagena del Chairá. Según los campesinos, los Acuerdo de Uso no garantizan la propiedad sobre la tierra y generan inseguridad de los predios de sus habitantes porque no se les reconocen la propiedad oficial.

La firma del Acuerdo de Paz aceleró la transición entre la economía de la coca y la ganadera en Cartagena del Chairá, pero pudo ser diferente si las familias que sembraban el ilícito hubieran tenido otros proyectos agroproductivos y sostenibles por parte del Estado. 

“Era el momento oportuno para que el Estado llegara a los territorios a darle alternativas a los campesinos para la tecnificación o para la formación ganadera o agrícola en el territorio, con proyectos productivos, no con proyectos menores de ‘le damos 20 gallinas; dos, tres marranos; y hagan la cría y ya’”, considera Aristides Oime.

A lo que se refiere este líder y decenas de campesinos con los que este portal pudo hablar es a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través del cual se consolidarían proyectos productivos para sacar a 2.347 familias (1.548 cultivadoras, 56 no cultivadoras y 743 recolectoras) de los cultivos de hoja de coca en este municipio caqueteño.

Sin embargo, tras varios años esperando su efectiva ejecución, hoy se sienten defraudadas y confundidas. (Leer más en: PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas)

Aunque los informes de Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata emitidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ilustran que para 2020 se había cumplido con más del 70 por ciento en ayudas a la seguridad alimentaria en el país, el proceso estuvo atravesado por graves incumplimientos y los proyectos productivos se estancaron, en parte porque muchas familias que suscribieron este acuerdo y erradicaron voluntariamente viven en Zona de Reserva Forestal, lo que obstaculiza la ejecución del Programa. 

La alternativa que se planteó para desarrollar el PNIS en estas áreas de Especial Protección Ambiental fue a través de los Contratos de Conservación Natural, pero los términos para acceder a estos no cayó nada bien entre las comunidades.

“¿Por qué nos iban a sacar dos millones de pesos del PNIS para asumir ese compromiso de los contratos de Derecho de Uso?”, se pregunta, molesto, un labriego de Las Quillas. 

Según explican varios labriegos, funcionarios del PNIS los reunieron para decirles que si querían que los proyectos productivos se desarrollan en los predios ubicados dentro de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, el programa iba a “descontar” dos millones de pesos del rubro que tenía cada familia para los proyectos productivos, dinero que sería empleado para realizar las diligencias de inspección del predio que solicita la ANT. 

Watson, desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aclara que ninguno de los dos componentes de los Contratos de Conservación Natural —Contratos de Derechos de Uso y Acuerdos de Conservación Voluntario— tiene costo para los interesados.

“El trámite para adelantar el CDU —Contratos de Derechos de Uso— no tiene costo para las familias. Los estudios técnicos implican algunos costos que lidera el sector agricultura con el apoyo de aliados como entidades públicas, privadas o de cooperación internacional, pero en ninguno de los casos es un costo que asume la familia”, explica la funcionaria.

Y precisa que “el valor de dichos estudios se determinará según las condiciones de las zonas de estudio” y, de igual manera, asegura que “el Acuerdo de Conservación Voluntario, en esquemas de Pago por Servicios Ambientales, no tiene costo para el ingreso de beneficiarios”.

VerdadAbierta.com se comunicó con la oficina de prensa de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), además de contactar por correo electrónico a Campo Elías Vega Rocha, subdirector de Administración de Tierras de la Nación, para conocer sobre los supuestos costos que se les estaba haciendo a las familias sobre los fondos del PNIS para los estudios de los Contratos de Derechos De Uso, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

En entrevista con este portal, Hernando Londoño, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) aclara que no se le está quitando dinero a las alrededor de siete mil familias que viven en Zona de Reserva Forestal y no se le estaba descontando dinero al PNIS.

“La inversión de recursos públicos en bienes públicos a favor de privados, no solamente es un prevaricato por acción, sino también un peculado a favor de terceros. Yo no puedo invertir recursos públicos en territorios propiedad de la Nación a favor de privados”, indica Londoño.

“Las Zonas de Reserva Forestal —agrega— son de propiedad de la Nación, bienes públicos y los recursos del PNIS son bienes públicos solo que van a favor de un tercero que dijo que iba a sustituir, pero ese tercero está ubicado en Zona de Reserva Forestal. Yo no puedo implementar proyectos productivos a un campesino si no tiene un derecho a usar ese territorio”.

“Este es un problema entre un beneficiario (del PNIS) y la Agencia Nacional de Tierras —continúa—, no es mi problema. Yo lo único que tengo que decirle al campesino es ‘muestreme el derecho de uso que le dio la Agencia de Tierras para poder implementar el PNIS, pero si actúo bajo ese estricto orden de lo que estoy diciendo, pues nunca voy a implementar el PNIS”.

La ANT le respondió a Londoño que no tenía ni el dinero ni la gente para hacer esa gestión. Por eso, el director del PNIS le propuso a Campo Elías Vega que, a través de los operadores del Programa de sustitución de cultivos ilícitos, podría realizar los trámites de inspección de los predios, para que la ANT realizara los trámites administrativos con la información levantada en territorio. 

En los Polígonos habilitados por el Ministerio del Medio Ambiente en las Áreas de Especial Interés Ambiental, Londoño habló con las familias para decirles que desde la dirección del PNIS iban a ayudarlos a conseguir los Contratos de Derechos de Uso, entre esas varias familias de Cartagena del Chairá. 

“¿Qué hicimos nosotros como Programa? Venga señor campesino nosotros le ayudamos con el Derecho de Uso y sus costos de trámite los asume el Programa y le ‘damos’ siete millones de los proyectos de ciclo corto —pues son en total nueve millones— hasta tanto me lleguen recursos para cubrir los dos millones que me cuesta el trámite de los Derechos de Uso”.

Lo que Hernando Londoño le precisa a VerdadAbierta.com es que una vez vuelva a tener recursos suficientes, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos completará los dos millones del ciclo corto que se tomarían de los recursos PNIS con dineros de otra bolsa que no especificó, con las familias de todo el territorio nacional que expresaron hasta el 18 de abril pasado el deseo de tomar esa alternativa.

“Acá están buscando decirle a la gente: ‘esto es así y lo firma o no lo firma’”, cuestiona Rodríguez de la FCDS, quien considera que debe procurarse porque este sea un ejercicio de diálogo en el que no se puede perder de vista que se está buscando conceder un  derecho a las comunidades vulnerables de usar la tierra de áreas protegidas bajo unos parámetros de conservación.

Oportunidad estancada

El investigador de la FCDS considera que los Contratos de Conservación Natural son una gran oportunidad para frenar el declive de la Amazonía: “Por ahí empiezan buena parte de las soluciones, porque es ahí que el Estado hace un primer reconocimiento a un campesino que está asentada en la Reserva Forestal de la Ley 2, sea zona A, zona B, zona C; eso no existía”.

“Lo que pasa  —agrega— es que llevarlo a la práctica es complejo y a mi particular modo de ver porque buena parte de ese ejercicio está asociado a quienes han estado cultivando coca, pero hay muchísimo más potencial de familias que ya no están en ese tema, pero creo que hay una carencia de pedagogía en el tema”.

Con todo y eso, los chairenses no tienen mucho por qué lamentarse, pues la implementación de los Contratos de Conservación Natural no han alcanzado el avance que se había anunciado de cara a la gran expectativa que generó entre las comunidades. 

Andrés Valencia, actual presidente de la Junta de la vereda Las Quillas, explica que en la región han tenido reuniones comunales para hablar sobre oportunidades de pagos por servicios ambientales: “nosotros estamos para esa, nosotros nos comprometemos a no tumbar, que la montaña que tenemos nos dé el sustento para nosotros sostenernos y tecnificar los pedazos tumbados que ya tenemos”, dice, pero para eso las familias de su comunidad necesitan los Contratos de Conservación.

El 17 de febrero de 2021, el mismo día que inició la vacunación contra el Covid-19 en el país, el gobierno del presidente Duque anunciaba el inicio de otro importante proceso: la entrega de 111 Contratos de Conservación Natural a familias del municipio de Tierralta, Córdoba, con lo que centenares de campesino recibirían pagos por servicios ambientales por conservar 400 hectáreas de bosques. 

Ese día anunció que la meta de ese gobierno sería entregar 9.596 Contratos de Conservación Natural para antes que llegara a su fin su mandato en 2022. Solo en 2021, se había trazado la meta de entregar más de 5 mil de estos; sin embargo, a cuatro meses de concluir su periodo de gobierno los resultados mostrarían un rotundo fracaso sobre esas pretensiones.

Según la respuesta de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a la fecha solo se han entregado los 111 Contratos de Tierralta, para los que se suscribieron 200 Contratos de Derechos de Uso. “Los procesos restantes se encuentran en etapa de ejecución”, indican desde esa entidad y precisan que aún no hay ningún contrato de ese tipo en Caquetá, sino 649 procesos que pretenden suscribir Contratos de Derecho de Uso en el departamento: 345 en San Vicente del Caguán, 181 en Cartagena del Chairá, 49 en Solano, 35 en El Doncello y 30 en La Montañita.

Las comunidades con las que VerdadAbierta.com pudo conversar en Cartagena del Chairá estaban interesadas en firmar los Contratos de Conservación Natural, pero les preocupaba no tener certeza sobre qué pasaría con su permanencia en el territorio después de que se cumpliera el término de estos contratos. 

Al respecto, Watson le precisa a este portal que en la minuta del contrato se establece la opción de tener prórrogas y la posibilidad de seguir ocupando debidamente el predio incluso si se da por terminado el contrato. En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo, “la AGENCIA retomará la administración del BIEN BALDÍO de acuerdo a sus competencias funcionales y misionales, sin que ello signifique la entrega del mismo por parte del USUARIO”, precisa una de las cláusulas.

Centenares de familias están con una gran expectativa, aunque aún son solo sueños: “Que alguien llegara —expresa un campesino de la región— y nos dijera ‘esto es para ustedes y cada mes, cada dos meses, cada seis meses, cada año le vamos a pagar tanto por conservar’… ¡pero que llegue! Acá se la pasan llegando entidades y no pasa nada”.

En la Amazonía colombiana, entre noviembre y febrero de cada año, los niveles de tumba y quema de árboles se agudizan porque en esos meses disminuyen las lluvias. Rastros de esa práctica se observan en los entornos de la vía que une a los municipios de El Paujil y Cartagena del Chairá, en Caquetá.

Sin embargo, los trozos quemados de yarumo y ceiba que yacen sobre el pasto hecho cenizas y el suelo naranja están lejos de ser el problema central de la deforestación de la Amazonía. Esas son pequeñas quemas de familias que deforestan para autosostenerse de la única manera que saben: imponiéndose sobre la selva.

“El campesino no es el gran deforestador. Por encima de las normas de convivencia que tenemos nosotros, llegan personas con enfoque de terratenientes. Esas personas tumban 100, 200, 300 hectáreas, cuando el campesino no está capacitado para hacer eso”, asegura un líder campesino de Cartagena del Chairá que prefiere mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.

Los rastros de la deforestación a niveles más altos se intuyen sobre las aguas del río Caguán. Por allí transitan numerosas barcazas cargadas con centenares de reses que son llevadas a la cabecera municipal de Cartagena del Chairá para su comercialización.

Las personas ajenas a la región que están llegando al Caguán vienen tras las ganancias que deja la ganadería extensiva a costa de la selva en un municipio en el que las comunidades están ansiosas por hacerse a un pedazo de tierra y en el que el negocio bovino se presenta como la mejor opción de conseguir dinero de manera legal. (Leer más en: La selva otra víctima)

En Cartagena del Chairá hay tres grupos relacionados con prácticas deforestadoras: campesinos pobres que talan dos o tres hectáreas al año para cultivar alimentos y mantener unas cuantas vacas; terratenientes que contratan campesinos empobrecidos para que tumben grandes extensiones de bosques y les administren su ganado; y campesinos con tierra que se asocian con ganaderos para consolidar la explotación bovina y por ambición amplían sus pastizales en detrimento de la jungla.

¿Cómo es que la selva ha venido desapareciendo en Cartagena del Chairá, un territorio en el que pocos podían entrar? Todo parece indicar que ni la guerra le puede poner un alto al plan ganadero que destruye la Amazonía; mientras, el Estado persigue equivocadamente a las poblaciones más vulnerables, de las que nunca se hizo cargo y ahora criminaliza.

Salen las Farc, entra la deforestación

Un líder que lleva más de medio siglo viviendo en Caquetá y hace alrededor de cuatro décadas en la región del Bajo Caguán se desempeñaba como docente del departamento hasta que renunció para irse detrás de un negocio muy lucrativo en Cartagena del Chairá: los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Con el paso de los años, empezó a involucrarse en el proceso organizativo, se volvió dirigente comunal y participó en la creación de varias Juntas de Acción Comunal. 

En esos tiempos se tumbaba selva para ampliar los sembradíos de hoja de coca, pero la deforestación no era tan inquietante. Para esa década aún no habían entrado las motosierras: la tumba de árboles se hacía a punta de hacha y eran en su mayoría para parcelas de media hectárea, según recuerdan algunos líderes.

“Yo soy una persona que participa activamente en los procesos y nunca el gobierno en esta región se ha preocupado por mandarnos quién nos instruya, quién nos socialice, quién nos enseñe. Ha sido a través de la cultura ambiental que los campesinos seguimos trabajando esas tierras: socave, tumbe, queme y siembre. Por supuesto, no sabíamos que le hacíamos daño al medio ambiente… no sabíamos”, expresa, con asomo de culpa, este líder que prefiere mantener su nombre en reserva.

Durante años, quienes impusieron el cuidado del medio ambiente en el Caguán fueron los guerrilleros de las antiguas Farc, especialmente el Frente 14, que estimuló y respetó los liderazgos y procesos organizativos en la región. Así, las comunidades de Cartagena del Chairá acordaron agrupar las veredas del municipio en “núcleos”, en los que establecieron comités para garantizar la convivencia y el cuidado del medio ambiente.

“Ellos —las antiguas Farc— nos enseñaron a través de los Comités de Medio Ambiente y Agrario que teníamos que cuidar la flora, la fauna, los nacimientos de agua; eso está dentro de los manuales de convivencia que tenemos. Que usted no puede tumbar si no a 30 metros de distancia a la orilla del río, 30 metros alrededor de los nacimientos de agua; no se pueden matar las dantas, venados, tigres o paujiles. El que lo haga es sancionado por el comité de la vereda con multas de hasta cinco millones de pesos”, recuerda el líder. 

Estos manuales de convivencia a los que se refiere el líder se convirtieron desde mediados de la década de los años ochenta en las leyes tácitas de Cartagena del Chairá. Las normas establecían que un colono, para poder tumbar bosques, tenía que pedir permiso a la Junta de Acción Comunal, al Comité Agrario y al Comité de Medio Ambiente, espacios en los que se establecía cuántas hectáreas podía deforestar, siempre en pequeños lotes. A través de estos acuerdos, las otrora Farc respaldaron los procesos sociales y velaron por el cuidado de la selva.

En esos manuales se especifica que “no habrá más colonización en las áreas protegidas”, “ninguna finca debe quedar con menos del 25 % de montaña de reserva”, y que las Juntas de Acción Comunal deben llevar un censo de las fincas, especificando hectáreas de potrero y selva virgen en cada una de ellas; mientras se solicita que las personas foráneas que ingresen a la región deben poner en conocimiento a los líderes de la región. Pero, tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, esas indicaciones no se cumplen como en los tiempos de dominio de las antiguas Farc.

Con la salida de ese grupo guerrillero en su camino a la reincorporación, las comunidades campesinas de Cartagena del Chairá se quedaron sin Estado y sin ley, pero con el compromiso de cuidar la selva como estaban acostumbrados; no obstante, los foráneos que empezaron a llegar desconocieron tales acuerdos y sin ninguna vergüenza están atentando contra el medio ambiente. (Leer más en: La historia de una disidencia guerrillera en Caquetá)

Varios líderes del municipio recuerdan que en septiembre de 2016, desde algunas veredas empezaron a informar que habían entrado “nuevas personas” a invadir zonas de reserva forestal, específicamente en tres veredas: Lejanías Uno, Lejanías Dos y Monterrey; todas del Núcleo 7. 

Inmediatamente, con las actas que las comunidades habían elevado desde las Juntas de Acción Comunal, los líderes presentaron una denuncia ante Corpoamazonia, la autoridad ambiental en la región, advirtiendo lo que sería el inicio de una avalancha de tumbas y quemas, pero los pusieron en espera. 

El 13 de diciembre de ese año, lo citaron para que socializara el panorama de deforestación ante diferentes instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar medioambiental. Rayando un mapa, señaló las tres veredas en donde, según los registros de las Juntas de Acción Comunal, entraron, inicialmente, 42 personas, pero pasados tres meses desde que dieron la alerta, se tenía conocimiento de por lo menos 880 personas que se habían tomado tierras vírgenes de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. 

Los meses siguientes comenzó a implementarse la “burbuja ambiental”, una iniciativa de articulación interinstitucional, liderada por la Sexta División del Ejército Nacional, para prevenir, intervenir y mitigar la deforestación en Caquetá —que después se adoptaría en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Vaupés—. No obstante, los resultados no han sido los esperados.

Pero ¿quiénes eran esas personas que estaban llegando a ocupar zonas de selva virgen? Las comunidades recuerdan que muchos provenían de municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Rico o El Paujil. “Algunos ricos los financiaron para que fueran y cogieran 500 hectáreas de montaña y les aportaron 15, 20 millones de pesos”, explica un líder del municipio que solicitó la reserva de su nombre por razones de seguridad.

Algunas de estas ocupaciones de la selva habían empezado años atrás, pero sin la colosal huella de la deforestación. Uno de los casos más sonados en la región es el de Tierra Linda, una vereda que creció sin control en 2017. Según cuentan líderes de la región, en 2010 se presentaron 23 familias ante las Juntas de Acción Comunal del Núcleo 2 con un supuesto permiso firmado por las antiguas Farc —pero no del Frente 14 que operaba en Cartagena del Chairá, sino de la Columna Móvil Teófilo Forero y el Bloque Oriental— para instalarse en Cartagena del Chairá.

Así fue como cada familia se tomó entre 117 y 500 hectáreas de selva virgen en un terreno ubicado a siete horas a caballo por trocha desde Remolinos del Caguán hasta inmediaciones del caño La Urella, y a pocos kilómetros del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Con la salida de las Farc a finales de 2016, las familias han tumbado grandes extensiones de manigua.

Aunque los líderes de Cartagena del Chairá no estaban de acuerdo con esa situación, ninguno pudo oponerse al supuesto permiso que tenían de las antiguas Farc. Sin embargo, hay rumores de que esas personas no fueron avaladas por la otrora guerrilla y que detrás está el ​​presunto interés de una familia por poseer tierras en el municipio: los Pulecio, de la que pocos detalles dan en la región. Quienes se aventuran a hablar, aseguran que cuentan con Internet satelital en Tierra Linda y se movilizan por las trochas en ostentosas camionetas.

“En menos de tres años, tumbaron por lo menos 2.350 hectáreas, hoy día son mucho más. Si se calcula que una hectárea puede albergar máximo dos reses para que se alimenten de buen pasto, ¡y esta gente tiene la capacidad de sacar entre mil quinientos y dos mil novillos anuales! Entonces imagínese la cantidad de tierra que esta gente tiene… y tienen mucha plata”, le contó a este portal un líder que prefiere mantener su nombre en reserva pues considera que hablar de esta familia lo puede poner en riesgo. 

Las comunidades también señalan a dos comerciantes de productos agrícolas y veterinarios. Se trata de Mario Tejada, propietario de la Proveedora Tierras y Ganado; y de José Alirio Barreto Yanten, dueño de Campolider S A S, ambos negocios asentados en el centro poblado de Cartagena del Chaira. A ellos se les cuestiona por supuestamente haber deforestado gran cantidad de selva para conformar extensas fincas ganaderas en la vereda Barcelona del Núcleo 15.

VerdadAbierta.com buscó a ambos empresarios a través de los números telefónicos que aparecen en los registros de la Cámara de Comercio de Florencia. La persona que atendió el número de la empresa de Tejada fue evasivo con las respuestas sobre su supuesto papel en la deforestación de la Amazonía y en los números de Barreto no fue posible establecer comunicación con el representante legal.

Según líderes de la región, en 2018, en una reunión que tuvo lugar en Remolinos del Caguán, que convocó a varios coordinadores de núcleo de todo el municipio y en la que participaron varias entidades del Estado, entre ellas Corpoamazonia, los voceros de las comunidades denunciaron con nombres propios y números de cédula a las personas que estaban deforestando la selva, pero no pasó nada y, por el contrario, los denunciantes se ganaron enemigos.

 “Las instituciones gubernamentales a esa gente nunca les dice nada, a los pobres es a los que se las monta”, se quejan en las comunidades.

Semanas después de aquella reunión, en Cartagena del Chairá circuló un listado de líderes sociales a los que las disidencias de las Farc declararon “objetivo militar”. Después, se aclaró que los amenazados sólo estaban cumpliendo con su labor socioambiental. Pero el temor está latente.

Los líderes del municipio concuerdan en que la mayoría de los terratenientes del Medio y Bajo Caguán viven fuera de la región y tienen mayordomos o socios campesinos en las fincas. De vez en cuando visitan los predios, pero se van pronto.

Intereses ganaderos

Para deforestar grandes extensiones de jungla se requieren fuertes sumas de dinero. Según cálculos rápidos de un líder social del Bajo Caguánque prefirió mantener su nombre en anonimato por seguridad “la tumba de una hectárea vale, por ahí, un millón de pesos, porque usted no va a ser capaz de tumbarlas usted solo: la comida, la herramienta, la gasolina, ¡todo! Quien tumba más de cinco hectáreas son personas que los están ayudando… que les están pagando”, dice.

Emilio Rodríguez, investigador de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), cree posible que ganaderos de diferentes partes del país estén enviando semovientes al sur, específicamente al Medio y Bajo Caguán, para que engorden y luego los saquen a la venta a buenos precios. Al respecto, varios líderes concuerdan que serían oriundos de Cundinamarca, Antioquia, Huila y, especialmente, del Valle del Cauca.

Labriegos de la región explican que el negocio es así: un ganadero da el dinero para la deforestación, el campesino arregla pastizales y el tercero ingresa ganado. Dejan una o dos reses por hectárea durante dos a tres años, venden a dos millones y medio cada cabeza de ganado y al final reparten las ganancias.

“Los deforestadores grandes se están tapando con los pequeños y es lo que están haciendo con nosotros”, denuncia un labriego de la vereda Las Quillas. Otro campesino de esa comunidad pone como ejemplo aquellas familias que tienen unas cuantas reses: “Mire Las Quillas, el que más tumbó fue por ahí tres hectáreas. En esta vereda habemos desgraciadamente una manada de pobres”, y precisa que en esa comunidad de 18 familias, la que más tiene posee 30 reses y la que más deforestó a inicios de este año tumbó tres hectáreas. 

Aunque en la actualidad la producción bovina es un problema alarmante, la ganadería no apareció en el municipio con la salida de las antiguas Farc. La historia cuenta que fue el mismo Estado el que propició e incentivó esta actividad económica entre víctimas de la guerra. 

Las comunidades referencian los desplazamientos que sufrieron los pobladores del Bajo Caguán en los años del Plan Patriota —la estrategia militar implementada en el primer periodo de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) con la que buscó recuperar territorios que históricamente habían dominado las Farc—. Al retornar a mediados de la primera década del 2000, el Banco Agrario facilitó préstamos, a través de la Asociación de Economía Solidaria del Medio y Bajo Caguán (ASOES), para incentivar la ganadería. 

“El Banco Agrario prestó más de $1.200 millones para el primer crédito, entregándole a cada campesino seis millones de pesos en ganado. Entonces ahí ya el campesino empezó a ir tumbando montaña, porque había que generar espacios para meter el ganado. El campesino con una hectárea de montaña en coca con eso vivía. Para poder vivir de la ganadería, de la leche, del queso, necesitaba grandes extensiones de montaña”, recuerda un líder de la región que lleva más de 20 años en la región del Bajo Caguán. 

Las comunidades recuerdan que, para el año 2015, el gobierno nacional se enfocó en los inicios de la deforestación, pero los verdaderos estragos de la tumba de bosques llegaron en 2017 cuando la gente se convenció de que la ganadería sería la actividad que generaría plata legalmente.

“Para 2017 y 2018 se evidencia que había grandes capitales financiando a campesinos para que tumbaran selva. Para esa fechas ya se evidenciaba que había capitales de

dudosa procedencia, de terratenientes, inclusive gente de Medellín y otras partes del país, se dieron cuenta que en esta zona era bueno talar, sembrar pastos y que el ganado saliera rápido”, sostiene este líder.

Las estadísticas respaldan lo que ilustra este líder. Caquetá experimentó un incremento progresivo de bovinos y predios destinados a esta economía. Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en 2016 había 1.340.049 cabezas de ganado y 13.263 predios bovinos. Para 2021 se registraron 2.079.194 bovinos y 19 mil predios. Lo que quiere decir que en cinco años el departamento experimentó un incremento del 55 por ciento en cabezas de ganado y 43 por ciento en predios bovinos.

Para 2021, Cartagena del Chairá repuntó como el segundo municipio del departamento con las cifras más altas de animales y predios dedicados a la actividad ganadera después de San Vicente del Caguán. Según el ICA, registró 307.415 reses y 2.047 fincas bovinas que, al compararlas con los registros del 2016, muestran un aumento del 137 por ciento y 84 por ciento, respectivamente.

Liderazgos, bajo riesgo

“Las disidencias llegaron a los dos años —de la firma del Acuerdo— a controlar, pero ya no había qué controlar”, explica un líder de la región que prefiere mantener su nombre en reserva. Precisa que la indicación que ha impartido ese grupo armado ilegal es que de los predios que tomen, el 30 por ciento pueden destinarlo a producción, otro 10 por ciento a rotación y el 60 por ciento restante a conservación.

“Ellos —las disidencias de las Farc— dicen: ‘Nosotros no le podemos impedir a la gente que entre a trabajar, nosotros también somos campesinos’, ellos en cuanto a eso no se imponen. En lo que sí se imponen es en que traigan gente de otras partes a meterse en esta región. Desde que sea gente que vaya a trabajar allá, para ellos no hay ningún problema”, cuenta otro líder con larga trayectoria en la región del Bajo Caguán.

Sobre el papel de las disidencias de las Farc en la deforestación, las personas consultadas tienen distintas posiciones. Algunas contradicen las versiones que sostienen que se mantienen al margen o que se interesan en la conservación ambiental. “Ellos auspician la deforestación y auspician pa’ que siembren coca. Un campesino llega y les dice ‘déjenme tumbar 100 hectáreas, tengan tanto’”, dice un labriego que prefiere mantener su nombre en reserva por cuestión de seguridad.

Esas versiones sobre los intereses de las disidencias las reconoce un funcionario de una institución del Estado que pidió mantener en reserva su nombre y el de la entidad al margen por el cargo que ocupa: “No hay una línea. Hay unos que permiten y otros no. Donde no se permite es más hacia donde están las nuevas estructuras de la Segunda Marquetalia, en San Vicente alto, arriba en la cordillera. Y las disidencias del Frente 1, lo que vemos, aunque no lo tenemos tan evidenciado, es que ellos se benefician de la deforestación porque le dicen a la gente ‘siembre y cultive tal cosa’ o le permiten a algunos que realicen estas deforestaciones. Si ellos estuvieran protegiendo no se estaría generando ese tipo de deforestación”.

Entre 2016 y 2017, las comunidades del Medio y Bajo Caguán convivieron con grupos irregulares de los que no se tiene certeza que fueran de las antiguas Farc o terceros que aprovecharon que se habían quedado sin autoridad. Para esos años, las disidencias de los frentes 1 y 7 empezaron a ocupar la selva caqueteña entre los ríos Guayas y Caguán, con influencia en los municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.

En ese contexto irrumpió el Frente Miller Perdomo, una estructura disidente del Bloque Oriental de las antiguas Farc comandada, inicialmente, por Édgar Mesías Salgado Aragón, alias ‘Rodrigo Cadete’, quien estuvo al frente de ese grupo armado ilegal hasta su muerte en febrero en 2019 durante un operativo militar. Se le atribuye combatir la delincuencia común que se hacía pasar por Farc y unificar la presencia de las disidencias en esa región de la Amazonía.

Tras la muerte de alias ‘Cadete’ varios exguerrilleros asumieron el mando del Frente Miller Perdomo: algunos corrieron la misma suerte de su antecesor o fueron capturados. El último de ellos fue Germán Amado Porras, alias ‘Cipriano González’, un curtido combatiente del Frente 40 que estuvo encargado de las escuelas de formación de las antiguas Farc y quien fue abatido por tropas del Ejército el 17 de agosto del año pasado.

Desde aquel hecho, los líderes comunales no tienen claridad sobre quién es el jefe disidente que está al mando del Frente Miller Perdomo, lo que genera desconcierto e inseguridad sobre los límites de sus liderazgos. “Las disidencias no tienen un norte claro, como lo tenían las verdaderas Farc. Por eso es que nosotros estamos entre la espada y la pared. Se hizo más difícil el camino para el liderazgo”, concluye un líder de la región que prefiere mantener su identidad en reserva por cuestiones de seguridad.

Aunque ese frente disidente es una de las estructuras más fuerte en el Bajo Caguán, persisten tensiones en la región baja del río Caquetá con un grupo conocido como Comando Bolivariano de Frontera que, en febrero de 2021, se alió a la llamada Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, quien renegó del Acuerdo de Paz pese a hacer parte del equipo negociador y retomó las armas. Sin embargo, varios analistas del conflicto que consultó este portal cuestionan el efectivo control que tiene la Segunda Marquetalia sobre el Comando de Frontera.

Contando árboles que caen

En diálogo con este portal, Yolanda González Hernández, directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), explica que de las casi 9 millones de hectáreas que conforman el departamento de Caquetá, el 71 por ciento de su superficie está cubierta por bosque natural, “con cerca de 6,4 millones de hectáreas de bosque, que representan el 16 por ciento de la superficie de bosque de la Amazonía colombiana y el 11 por ciento del bosque total del país”.

El monitoreo de la deforestación que lleva esta institución aún no ha terminado de consolidar las cifras del año pasado, ni siquiera es posible consultar los últimos dos boletines de Detección Temprana de Deforestación (n° 28 y 29) sobre la situación del segundo semestre del 2021 porque, según la oficina de prensa, se encuentran en proceso de diagramación y publicación.

La más reciente información con la que se puede evidenciar el impacto de la deforestación es la del 2020. Para ese año, el departamento de Caquetá registró 32.522 hectáreas deforestadas, lo que representa en los datos del IDEAM un aumento del siete por ciento con respecto al 2019, cuando se detectó una deforestación de 30.317 hectáreas.

“Para los últimos cuatro años, periodo 2017 – 2020, para la jurisdicción del departamento de Caquetá se identificó un consolidado de 169.904 hectáreas, siendo el año 2017 en el que se presentó la mayor deforestación con 60.301 hectáreas”, precisa González. Esto quiere decir que en esos cuatro años se ha deforestado en Caquetá un área más grande que la isla de Hong Kong, en China.

En ese periodo, los municipios caqueteños que han acumulado las mayores superficies deforestadas son San Vicente del Caguán (72.092 hectáreas); Cartagena del Chairá (65.749 hectáreas); y Solano (22.107 hectáreas). Sin embargo, si se tiene en cuenta la extensión total de los municipios, Cartagena del Chairá es la región porcentualmente más deforestada, perdiendo en bosques vírgenes el equivalente a casi 526 mil piscinas olímpicas . 

De acuerdo con el Instituto Sinchi a través del Sistema de Información Territorial de la Amazonía Colombiana (SIAT-AC), los dos municipios que registran los índices más altos de puntos de calor —variaciones térmicas en la superficie terrestre que puede asemejarse a incendios— fueron San vicente del Caguán (49.613) y Cartagena del Chairá (32.587). 

Según esos datos, el año con los registros más altos de puntos de calor en Cartagena del Chairá se presentaron este año. En lo que va corrido del 2022, el SIAT-AC registró 10.903 puntos de calor en el municipio, lo que dobla los registros de 2020, el segundo más alto. 

VerdadAbierta.com buscó una entrevista con funcionarios de Corpoamazonía para conocer sus análisis sobre lo que está ocurriendo en Cartagena del Chairá, pero, aunque se les compartió una guía de preguntas, dilataron la respuesta porque están esperando las cifras de deforestación del IDEAM para “dar con exactitud estos datos”.

Judicializar, acción contra la deforestación

Con la Sentencia STC 4360 DE 2018, resultado de una acción de tutela presentada por 25 niños, niñas y jóvenes del país, la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos de la Amazonia colombiana, ordenandole al Estado formular un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación. 

Líderes de Cartagena del Chairá y municipios vecinos consideran que ese plan sólo se ve en acción militar que, en la práctica, no tiene un control efectivo sobre el territorio, pues aunque la Armada Nacional verifica y fotografía las cédulas y registra las pertenencias de todo aquel que navega por el río Caguán en diferentes puntos, en la trocha que va de Remolinos del Caguán al centro poblado del municipio ningún militar hace presencia.

“Nosotros creíamos que los operativos iban contra la gente que estaba dentro de Parques Nacionales porque hubo gente que le quitaron el ganado, la capturaron, se la llevaron”, dice un líder de la región que pidió la reserva de su nombre y continúa: “Pero a finales de 2020 la Operación Artemisa se viene hacia Cartagena del Chairá tras las zonas de la Ley 2 de 1959, Zonas de Reserva Forestal”.

El primer operativo ocurrió el 11 de octubre de 2020. En aquella ocasión, la Fiscalía 17 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Medellín pidió realizar 16 allanamientos en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá y capturó a nueve personas, acusándolos de los delitos de invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables e incendio. Al día siguiente fueron dejados en libertad.

Esa vez fue capturado Isaac Páez, un campesino que durante varios años vivió en una finca de 170 hectáreas en la vereda lejanías del núcleo 14, pero que vendió en 2018 para irse a vivir al centro poblado del municipio. 

El 29 de octubre del mismo mes un nuevo operativo tuvo lugar en Cartagena del Chairá, pero esta vez sólo capturaron a Páez. Nuevamente fue dejado en libertad al día siguiente. “El juez decidió dejarnos en libertad porque las pruebas que tenía no eran contundentes, el único hecho era estar viviendo en zona de Ley 2”, sostuvo Páez. 

El programa periodístico Testigo Directo en su emisión del 30 de noviembre titulada Disidencias y narcotraficantes: alianza perversa contra la Amazonía colombiana presentó un organigrama que incluía la foto de Páez con el alias de ‘Misingo’ y lo relacionó como la mano derecha de ‘Gentil Duarte’ para la deforestación en el sur del departamento de Meta. Ese señalamiento lo basó en información que le suministró la Jefatura de Seguridad Ambiental de la Policía de Carabineros, en cabeza del coronel Óscar Daza. “Foto que fue tomada el día 10 de octubre cuando fui capturado, en las instalaciones de Larandia —Fuerte Militar de Caquetá—”, señala Páez en un oficio que le envió al defensor del Pueblo de Caquetá.

“El Plan Artemisa es para los pobres —reprocha otro líder del municipio—. El Plan Artemisa es persecusión para los pobres y para el campesino de a pie. Las capturas que se dieron fueron a gente pobre que está luchando por tener un mejor futuro para sus hijos. Pero si usted mira las personas que tienen dos mil, tres mil hectáreas, el Plan Artemisa no los ha tocado para nada”.

A inicios de diciembre del año pasado, varios medios de comunicación difundieron los rostros de ocho hombres y una mujer, presentados como “los más buscados por deforestación en la Amazonía colombiana”. El Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 20 millones a quien diera información que permitiera su captura. Nuevamente, campesinos del Caquetá denunciaron que se había cometido un error en esa información.

Es el caso de Esteban Cruz Chilo. El medio local Lente Regional elevó la denuncia de su familia, que argumentó que era un campesino pobre y de la tercera edad de San Vicente del Caguán. 
Dos meses después fueron capturadas tres personas de las señaladas y en abril del mismo año cuatro más se entregaron. Uno de ellos fue Cruz, quien denunció que todo se trataba de un montaje. Según explica, se entregó no por ser culpable, sino para evitar un daño mayor a su integridad.

Dos meses después fueron capturadas tres personas de las señaladas y en abril del mismo año cuatro más se entregaron. Uno de ellos fue Cruz, quien denunció que todo se trataba de un montaje. Según explica, se entregó no por ser culpable, sino para evitar un daño mayor a su integridad.

Cayeron 3 del cartel de los más buscados por la deforestación de la Amazonía Colombiana https://t.co/eZB1p7JvDD pic.twitter.com/ehEXNOcGld

— Mindefensa (@mindefensa) February 21, 2021

En el nuevo “cartel de los deforestadores” que difundió el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales en febrero del año pasado colocó en la cabeza de la lista a Jaiber Galindo Muñoz, un profesional de 45 años de edad, nacido en el seno de una familia campesina en Saladoblanco, Huila, a quien desde muy pequeño lo llevaron a vivir a Cartagena del Chairá. Aunque se tituló como Psicólogo, nunca dejó el municipio caqueteño donde ejerce un destacado liderazgo social.

Junto a su esposa, en 2007, compró una finca en Los Andaquies, una vereda del Núcleo 15, que escrituró y sobre la que paga sus impuestos. “Yo soy una de las personas que menos ha deforestado, cualquiera lo puede constatar”, dice Galindo, quién ha insistido en ponerle un freno a la deforestación desde hace cinco años.

Con la salida de las Farc, este psicólogo se preocupó por las centenares de familias que llegaron para apropiarse de baldíos de la Nación que hacían parte de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. 

“La mayor parte eran campesinos —recuerda el líder—, en un 90 por ciento eran gente que nunca había tenido la oportunidad de tener tierra. Empezaron de una forma totalmente desordenada: tumbe, dañe, coja y venda. Como estuve en varios procesos comunitarios, mucha gente me preguntó qué podríamos hacer para que ese tema de baldíos no siguiera así. Entonces convocamos a la gente y creamos una asociación”.

Se trata de la Asociación Campesina para la Protección Ambiental y la Producción Agroforestal de Cartagena del Chairá (ASOPROACAR) —a la cual Isaac Páez también apoyó—, que agrupó a 14 Juntas de Acción Comunal que se crearon en las zonas que las familias se habían tomado y que colindaban con los núcleos 4, 5, 7 y 15 —comprometiendo toda la región que va desde la vereda Monterrey hasta la desembocadura del afluente Lobos en el río Yarí—. 

Galindo se dio a la tarea de impartir pedagogía para que mermara la deforestación, pero de manera paradójica, ese papel lo puso en la mira de la institucionalidad. Sin embargo, no era la primera vez que se le reconocía por su activismo en la región.

En 2015, Galindo y Páez denunciaron al actual alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina Hernández, quien para ese año se desempeñaba como gerente de Gendecar S.A.E.S.P., empresa que administraba el servicio de alumbrado público en los caseríos no interconectados de Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán.

Galindo se quejó de que a pesar de que esa empresa recibió subsidios del Ministerio de Minas y Energía para brindar electricidad a comunidades vulnerables, el servicio no se presentó en por lo menos 12 veredas. 

En 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló pliego de cargos contra Gendecar por presentar información inexacta sobre la prestación del servicio eléctrico entre octubre de 2014 y diciembre de 2016 en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Pese a que la Fiscalía halló responsable a la empresa, a la fecha el proceso sigue activo y no hay una sentencia en firme.

“Junto a Jesús Narváez —otro de los que aparece en el cartel de la Policía—, conseguimos un abogado y nos presentamos el 7 de julio del año pasado y ahí acordamos con la Fiscalía de Cartagena del Chairá, por lo que se conoce como principio de oportunidad, para no ir a proceso, que nosotros daríamos unas capacitaciones motivando a la gente a la no deforestación y sembraríamos unos árboles. Con eso prácticamente acabaría el proceso”, explica Galindo, quien está a la espera de una audiencia para finiquitar el tema “y definir cuántos árboles tenemos que sembrar y cuantas charlas tenemos que dar”, un mecanismo, agrega, que le evitará terminar en un juicio en el que teme que presenten pruebas falsas en su contra.

Similar a la situación de Galindo, hay otros casos que involucran a por lo menos 22 campesinos acusados de deforestar —al menos ocho de Cartagena del Chaira—. Algunos fueron capturados, otros se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía y los dejaron libres con la condición de que no podían volver a los predios rurales en los que vivían. Sin embargo, como no tienen otro lugar para vivir, están en sus fundos con el miedo de que el Estado arremeta contra ellos. 

A inicios de este año, el Ministerio de Defensa divulgó un nuevo cartel con los datos de 17 personas señaladas de deforestar la Amazonía. Líderes consultados en Cartagena del Chairá no tienen conocimiento de cuántos de ellos son de este municipio, pero hay dudas de que sean los verdaderos depredadores de la selva.

El ministro @Diego_Molano presentó el cartel de los 17 más buscados por delitos ambientales y deforestación, y ofreció un plan de recompensas de hasta de $300 millones a quienes suministren información que permita la ubicación y captura de los responsables por estos delitos pic.twitter.com/gMi3el4THU

— Mindefensa (@mindefensa) February 5, 2022

Con el propósito de conocer más detalles al respecto, VerdadAbierta.com remitió un derecho de petición al Comando General de las Fuerzas Militares solicitando información sobre el número de capturas, incautaciones, acciones pedagógicas y presupuesto destinado para hacerle frente a la deforestación. 

Pasados más de dos meses, el general Jorge León González Parra, jefe del Estado Mayor Conjunto, se negó a responder aduciendo que debía conocer “como mínimo el objetivo y las razones en que se fundamenta” la petición, pese a que se dejó claro que la información solicitada estaba relacionada con una investigación periodística.

Al escalar la consulta, el Ministerio de Defensa le trasladó la responsabilidad de responderle a este portal al Departamento de Policía de Caquetá. Esta institución precisó que entre el 13 de diciembre de 2017 —fecha en la que se declaró la burbuja ambiental— y el 10 de febrero de 2022, se realizaron en ese departamento 259 capturas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en zonas de Reserva Forestal y Parques Nacionales Naturales.

Para el caso específico de Cartagena del Chairá indicó que en ese periodo fueron detenidas ocho personas, de las que una habría sido capturada en el año 2020 por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y cuatro más por invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación precisó que en Cartagena del Chairá, entre el 13 de diciembre de 2017 y el 3 de marzo de este año, han sido imputadas tres personas por delitos relacionados con la deforestación, dos de los cuales llegaron a etapa de juicio. 

Este portal le preguntó al ente investigador cuántos procesos que llegaron a juicio en Caquetá se resolvieron mediante sentencias condenatorias y absolutorias, pero la consulta fue trasladada al Consejo Superior de la Judicatura y al cierre de esta publicación no hubo respuesta alguna.

Movilizaciones contra la judicialización

Las judicializaciones en 2020 provocaron un estallido social en Cartagena del Chairá. El 13 de noviembre de ese año, en plena pandemia, entre tapabocas y frascos con alcohol antiséptico, más de 300 personas se movilizaron hacia la cabecera municipal buscando que fuera escuchada su inconformidad sobre los métodos como se estaba frenando la deforestación: las capturas.

“Hicimos una manifestación pacífica simplemente con pancartas donde decíamos que no éramos delincuentes, que nosotros éramos campesinos trabajadores y que la Fiscalía no está al tanto de los peores asesinos del medio ambiente”, recuerda un líder de la región. 

Como resultado de esa protesta se constituyó la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra, un proceso social de Cartagena del Chairá que busca plantear soluciones a la deforestación y la situación de tenencia de la tierra de centenares de familias del municipio.

Las comunidades campesinas le exigieron al gobierno nacional que cesara toda persecución judicial y propusieron realizar sustracciones de áreas de la reserva forestal que ya se encuentren ocupadas por familias y que estas entren al banco de tierras de la Nación para ser asignadas a las mismas familias que las ocupan. 

También le reclamaron al Ejecutivo que el incumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz, Reforma Rural Integral, había catapultado a que familias se hicieran a predios en el departamento y que el dinero de cooperación internacional para conservación de la Amazonía se había implementado solo en acción militar.

Sin embargo, los operativos no cesaron. El 15 de abril del año pasado, más de 600 campesinos se movilizaron desde Cartagena del Chairá hasta Florencia para reiterar sus exigencias, conformando un grupo de dos mil 800 campesinos de todo Caquetá. Y se adhirieron al Paro Nacional, estableciendo durante 50 días “puntos de resistencia” en tres municipios del departamento del Huila: Altamira, Guadalupe y Suaza, con lo que lograron que varias entidades estatales se sentaran a escucharlos y a buscar soluciones.

Uno de los puntos abordaba la situación de las familias asentadas en zonas de reserva forestal, sobre la que se acordó la financiación de dos estudios de sustracción en San Vicente del Caguán y uno en Cartagena del Chairá, el acceso a crédito y a extensión agropecuaria por parte de comunidades campesinas y la financiación de cuatro zonificaciones ambientales participativas en el departamento. Sin embargo, a la fecha, en el único punto que se ha avanzado es en la zonificación ambiental participativa, a través de asambleas comunitarias.

Las propuestas de los líderes de Cartagena del Chairá van en vía de alcanzar la permanencia de las comunidades en el territorio, pues consideran que a este punto ya es muy difícil sacar y reubicar a las familias que en los últimos años se tomaron parte de la selva y mucho más a las que por más de 40 años han vivido en ese margen del país. Por eso su lucha es conseguir Zonas de Reserva Forestal con campesinos.

Una de las propuestas es implementar una “finca modelo” en donde se garantice la seguridad alimentaria de las familias, la producción agropecuaria y se vincule las ofertas de pagos por servicios ambientales al conservar la selva.

“A esos campesinos se les tiene que enseñar a proteger, pero como ellos están allá es por necesidad de hacer la vida con su esposa y sus hijitos. Que le digan al campesino ‘en este territorio usted lo único que puede hacer es esto y esto’ y que le entreguen las ayudas e insumos para conservar”, reitera el líder.

Espere en nuestra próxima entrega: VerdadAbierta.com preguntó por las acciones que están adelantando campesinos de Cartagena del Chairá para contrarrestar la deforestación y hacer viable la vida en el Bajo Caguán. Además, revisó el avance de los Contratos de Conservación Nacional y Pagos por Servicios Ambientales que ofrece el gobierno como solución para las zonas de manejo especial.

---

Este artículo fue realizado gracias al respaldo de la Asociación Ambiente y Sociedad, y al apoyo brindado por la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá, Caquetá.

En Remolino del Caguán, lo que algunos llaman el corazón del Caguán, todo parece estar firme: las casas de uno y dos pisos; algunas vías de cemento, la plaza central y el templo católico. Todo ello habla de una comunidad organizada que ha crecido con la tradición de las poblaciones desamparadas del borde amazónico colombiano.

Paradójicamente, lo menos estable es la tierra en esta inspección del municipio de Cartagena del Chairá. Sí, la tierra que pisan y trabajan a diario los labriegos. La mayoría de las familias allí no son dueñas de los predios que las vieron crecer por generaciones, y cuyos antepasados llegaron de diferentes puntos de Caquetá y de otros departamentos en busca de mejores oportunidades e incentivados por el propio Estado para adelantar procesos de colonización.

Aunque fungen como poseedores, muchos no formalizaron la propiedad sobre los baldíos de la Nación sustraídos de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía o no han logrado legalizar la posesión de la tierra por estar dentro de esa Área de Especial Interés Ambiental, lo que malogra la posibilidad de tener títulos sobre esos predios. 

Y es que el uso y tenencia de la tierra en este pedazo de Caquetá está atravesado por el desgreño de las autoridades agrarias, el conflicto armado y modelos de explotación en los que el Estado parece que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de identificar quién es dueño de la tierra y controlar las talas y quemas de bosques nativos, el mayor crimen de depredación ambiental que vive la Amazonía.

VerdadAbierta.com ha visitado la región y conversado con los líderes y las lideresas campesinas, también ha consultado expertos, revisado archivos y el resultado no puede ser más que preocupante: buena parte del desarreglo agrario lo ha provocado el mismo Estado y no hay indicios de remediarlo pronto.

¿La tierra prometida?

“Caquetá es como un recipiente de buena parte de los errores que se han cometido en la política de tierras en el país”, considera Darío Fajardo, antropólogo y profesor de la Universidad Externado de Colombia. El problema de la tierra en este departamento se remonta a por lo menos 100 años atrás. 

Según este académico, la década de los años veinte estuvo marcada por la adopción de una política de tierra más incluyente, sobre todo entre 1926 y 1928, cuando se buscó abrir espacio para la pequeña y mediana propiedad campesina. Eso fue posible gracias a las normas agrarias que empezaron a relucir en aquellas épocas. 

Juanita Villaveces Niño y Fabio Sánchez, en su texto Tendencias históricas y regionales de la adjudicación de baldíos en Colombia (Universidad del Rosario, 2015), precisan cómo los gobiernos de inicios del siglo XX promovieron la colonización de esta región: “La política de tierras buscaba promover la expansión de la frontera agrícola y la colonización en un sentido amplio, es decir sin carácter redistributivo sino de uso y ocupación del espacio. Durante este periodo también se dictaron leyes con miras a promover la inmigración a regiones alejadas, en especial Putumayo y Caquetá en 1913”.

Con los decretos 839 y 1110, expedidos en 1928, se fomentó la colonización de tierras baldías, abriendo la posibilidad para que pudiera entregarse a los pequeños campesinos y el Estado reconociera la organización del campo en comunidades de labriegos.

“Esto es muy interesante porque es una señal de que en algunos sectores al menos hay preocupación por la distribución de la tierra, que sigue un patrón hegemónico de la gran propiedad”, resalta Fajardo, y agrega que, a finales de la década de los años veinte, aunque hubo avances en las políticas de tierras, fueron acciones limitadas porque a lo largo de la historia “la correlación de fuerzas ha sido adversa a la asignación de tierras”. El panorama terminó de estrecharse en los años posteriores al mandato del presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934).

La Ley 200 de 1936, sobre el régimen de tierras, fue el reflejo de esa situación. “Ya no es una ley que favorezca una asignación generosa de tierras para pequeños campesinos, sino simplemente de formalización de la propiedad”, explica Fajardo.

Durante la década de los años cuarenta se da un retroceso de la mano con una ofensiva contra las comunidades organizadas de campesinos que habían emprendido la colonización de los bordes del país que, para el caso de Caquetá y otras regiones amazónicas, se habían interesado en el comercio de caucho blanco, tabaco y maderas como juansoco y cedro, pero los altos costos de producción y transporte, sumados a la competencia de producción en otros países, volvieron inviable esas actividades. 

Luego vendrían los años de La Violencia de la década de los años cincuenta y con ella un masivo desplazamiento forzado de campesinos de sus tierras. En medio de la zozobra y la desesperación, miraron hacia la Amazonía con la esperanza de tener un nuevo comienzo. Caquetá se convirtió entonces en un enclave de recepción de población migrante campesina proveniente, en su mayoría, de los departamentos de Huila y Tolima. 

Estudios del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) plantean que “la disponibilidad de tierras y el trabajo familiar campesino prometían el reacomodo de la población y la recomposición de su economía tradicional, sólo que ocurría en contextos geográficos, ambientales e históricos diferentes a los de la vida rural de sus lugares de origen”.

Fue un cambio abismal para los nuevos colonos, pues el suelo con el que tuvieron que empezar a lidiar tiene una capa muy delgada de tierra productiva que dificulta la producción agrícola: los ciclos de cosecha son muy lentos y es necesario dejarla descansar por un tiempo y abonarla para usarla nuevamente. Es por ello que la opción es tumbar pedazos de selva para continuar cosechando y produciendo alimentos.

La historia familiar de Farid Murcia, líder social de Cartagena del Chairá, hace parte de esa migración forzada que referencian los académicos. Su abuelo y su padre llegaron al piedemonte caqueteño en los años treinta escapando de la violencia bipartidista por ser liberales. 

Durante cuatro días, abriéndose paso entre la selva y atravesando la cordillera Oriental, llegaron desde el municipio de Algeciras, en Huila, e hicieron su ‘fundo’ en el corregimiento Santana Ramos, de Puerto Rico, Caquetá. Se dedicaron a la agricultura y la ganadería, viajando por agrestes trochas para comercializar sus productos del campo.

Mientras su abuelo y su padre se enfrentaban a la selva, Murcia concluyó sus estudios y se convirtió en docente del corregimiento y luego en coordinador del núcleo 4, modo de organización propio que agrupa un conjunto de veredas. Durante años evidenció cómo las familias campesinas gestionaban sus necesidades comunitarias, pero nunca formalizaron la propiedad sobre las tierras que habían trabajado. 

“Todo en el departamento de Caquetá se ha conseguido a través de luchas populares, de los campesinos. Aquí nadie nos ha regalado nada, ¡pero es nada!”, resalta Murcia, cuando evoca su historia y la de sus vecinos. Estas comunidades se organizaron para proveerse de los servicios que el Estado no les suministra con eficiencia, como salud, educación, vivienda e infraestructura.

Tensiones por zonas protegidas

A comienzos de 1959, la Presidencia de la República expidió la Ley 2, con la que reglamentó la economía forestal para la conservación de las aguas, los suelos y la vida silvestre de siete subregiones del país. Bajo esa normativa se creó la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, de 34 millones de hectáreas, que abarca amplias regiones de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, Putumayo y Vaupés.

Pero esa norma reñía con la presencia de centenares de familias afincadas para esa época en la selva caqueteña, y con las que siguieron llegando buscando un ‘fundo’ para vivir. Para responderles a todas ellas, el recién creado Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), al que le dio vida la Ley 135 de 1961, expidió el 2 de marzo de 1964 la Resolución 041, mediante la cual se reservó “un sector de terrenos baldíos para una colonización especial en San Vicente del Caguán y Puerto Rico, Caquetá”. 

En otros términos, se sustrajo una amplia zona de tierras baldías de la Nación a la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía para atender los fines de la colonización campesina que se venía dando en Caquetá desde hacía más de una década.

Pero luego vendrían los primeros errores estatales, entre ellos la entrega de subsidios para apoyar esos procesos de poblamiento destinados a actividades ganaderas, buscando reproducir los modelos de las haciendas del piedemonte caqueteño que venían imponiéndose desde inicios del siglo XX.

Al referirse a las actividades ganaderas y a monocultivos como los de palma africana, el Instituto SINCHI ha planteado en sus análisis que “las instituciones que orientaron el proceso de colonización, como el Incora, fueron en parte responsables de la reproducción de modelos que, posteriormente, se definirían como no apropiados, no viables, e insostenibles en la Amazonía”.

En los primeros años de la década de los setenta, los campesinos tampoco estaban satisfechos con las actuaciones estatales. En reacción a ello, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) impulsó en Caquetá masivas protestas, ya no por el acceso a tierras, sino por un mayor apoyo del Estado en el cumplimiento de los proyectos de apoyo a la colonización en créditos, carreteras, educación, salud y mejores precios de las cosechas.

En el resto del país, la ANUC impulsó la “toma de tierras”, entre ellas las de grandes hacendados, con el fin de que luego fueran adquiridas por el Estado y redistribuidas entre los campesinos sin tierra. Esa presión fue respondida con agresividad por los terratenientes que comenzaron a solicitar desalojos a la Fuerza Pública y, con sus influencias, tuvieron eco en el gobierno del entonces presidente de la República, Misael Pastrana Borrero. 

Las presiones de los grandes propietarios de tierras derivaron en el llamado Pacto de Chicoral, firmado el 9 de enero de 1972 en las instalaciones de la Caja Agraria de esa población del departamento de Tolima. Algunos analistas consideran que ese acuerdo fue un proyecto de contrarreforma agraria que bloqueó la posibilidad de una justa distribución de la propiedad de la tierra, aceleró su concentración y generó una masiva expulsión de campesinos de sus territorios hacia la Orinoquía y la Amazonía.

Pero no sólo los terratenientes acosaban al campesinado que luchaba por salir adelante. Aquellos que tenían sus parcelas eran presionados por los nacientes grupos armados ilegales y la delincuencia común, que comenzaron a extorsionarlos y a afectar sus economías familiares.

En ese contexto llegó Eucario de Jesús Bermúdez, de la mano de sus padres a colonizar zonas profundas del medio Caguán hacia el noroccidente, en las hoy veredas de Campo Verde y Líbano. Su familia se vio obligada a desplazarse en 1977 del municipio de Balboa, Risaralda, de huida de extorsionistas que querían imponerles impuestos por las cosechas de café que administraba su padre.

“Mi papá dijo: ‘En vez de darle esas cargas de café a ese tipo, las voy a vender y nos vamos a desaparecer’; y entonces le dijo a mi mamá: ‘Nos vamos para el Caquetá. Yo por allá he escuchado que hay baldíos, nos vamos a conseguir tierra pa’ trabajar por allá’”, recuerda Bermúdez. 

Y, en efecto, abandonaron Risaralda y se fueron hacia el sur del país, donde consiguieron un predio en el municipio de Cartagena del Chairá, al que llegaban en ocho horas navegando por el río Caguán y ocho más a pie. Allí se dedicaron a la agricultura de nuevo.

Pésima gestión estatal

A mediados de la década de los años ochenta se materializó la sustracción de una amplia porción de tierra de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía con el fin de legalizar los predios de los colonos que se estaban asentando en la región del Medio y Bajo Caguán, en Caquetá. 

Mediante el Acuerdo 65, expedido el 25 de septiembre de 1985 por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), se sustrajeron de esa reserva 367.500 hectáreas para beneficio de las familias que estaban asentadas en Cartagena del Chairá y en Solano, lo que representó un 22,6 por ciento de las 1.620.000 hectáreas que, inicialmente, le solicitó el Incora en sustracción.

Dos consideraciones fundamentales se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión, según costa en el Acuerdo: de un lado, que las comunidades del Medio y Bajo Caguán “se caracterizan por un alto grado de organización a través de las Juntas de Acción Comunal coordinadas por el Comité de Colonización, con una cobertura de un 95% de las veredas y asentamientos”.

Y de otro lado, precisa el documento, porque “se ha percibido el desarrollo de una incipiente conciencia ecológica que les permite comprender su responsabilidad hacia los recursos naturales renovables”.

Sin embargo, las labores de sustracción no fueron realizadas a través de visitas técnicas a la región, sino desde los escritorios del Inderena, en Bogotá. El resultado no pudo ser peor: la accidentada forma del polígono sustraído no se corresponde con los pliegues del río, lo que ocasionó que haya segmentos en los que la porción sustraída para titulación es de más de 28 kilómetros en línea recta desde el río, como otros en los que puede ser menos de 1,5 kilómetro.

Pero no es el único problema generado desde la capital de la República. Y así lo hace notar Melquisedec Betancourt, quien, desde hace 14 años, lidera procesos comunitarios en diez veredas del Bajo Caguán agrupadas en el núcleo 5. Su preocupación por tener claro de quién es la tierra lo ha llevado a identificar fincas con título de propiedad en zonas no sustraídas de la Reserva Forestal de la Amazonía.

Según sus propias investigaciones, tan sólo en las veredas Sardinata Alta, La Holanda y Panamá Uno, donde ejerce su liderazgo, “unas 20 a 25 familias están en zona de Ley 2 y tienen título”. Contrario a lo que ocurre en la vereda Las Quillas, donde sólo una familia, de 18 que la habitan, tiene título de propiedad.

Poca titulación

Este desarreglo agrario en la tenencia y propiedad de la tierra caqueteña se vio afectado por la débil economía campesina, que carecía de infraestructura para la comercialización de las cosechas, y las restricciones impuestas al uso del suelo, lo que llevó a cientos de labriegos, a mediados de la década de los años setenta, a migrar hacia los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, impulsando, de paso, nuevos repoblamientos.

Ese crecimiento poblacional se refleja en las estadísticas del DANE sobre Cartagena del Chairá: entre 1985 y 1993 tuvo un aumento de sus habitantes en un 163 por ciento en el área urbana y un 296 por ciento en el área rural, lo que, sin duda alguna, incrementaba la presión sobre la selva, que sucumbía ante el avance de la hoja de coca.

Datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) precisan que para el año 2001, Caquetá tenía un área sembrada de 26.603 hectáreas dispersas en 15 de sus 16 municipios, siendo los más afectados Cartagena del Chairá (13.551 hectáreas); Solano, (4.005 hectáreas); San Vicente del Caguán (1.713 hectáreas); Solita (1.170 hectáreas); y Valparaíso (1.240 hectáreas).

Desde comienzos de los años ochenta, la extinta guerrilla de las Farc comenzó a “administrar” esa actividad ilícita a través de varios de sus frentes, agrupados en el Bloque Sur: promovieron los cultivos de hoja de coca, regularon los precios de la pasta base, impusieron el impuesto sobre la producción de coca y se articularon con varios carteles del narcotráfico. De allí salieron miles de millones de pesos para financiar la guerra contra el Estado colombiano.

Análisis del Sinchi sugieren que el hecho de que se haya cultivado hoja de coca en muchos de los predios colonizados entre las décadas de los años ochenta y noventa incidió en el bajo interés por la titulación de la tierra. Esa tesis es corroborada por Eucario Bermúdez, quien ha ejercido su liderazgo como coordinador de núcleo y presidente de junta de acción comunal en Cartagena del Chairá: “La gente se dedicaba a sembrar coca, a cultivar coca y a vivir de la coca. La gente no pensaba en títulos”.

De acuerdo con Bermúdez, ese desinterés por la titulación de tierras fue más una actitud de “los nuevos colonos”, aquellos que llegaron a finales de la década de los años ochenta y comienzos de los noventa atraídos por el ‘boom de la coca’. Buena parte de quienes colonizaron antes sí se preocuparon por formalizar sus predios y obtener sus títulos.

Con el transcurso de los años y la acción del Estado a través de estrategias de fumigación y sustitución de cultivos ilícitos, esos sembradíos se redujeron ostensiblemente y muchos sembradores de hoja de coca abandonaron Caquetá. En 2020, según la ONU, se registraron 2.076 hectáreas, concentradas, en mayor medida, en la región del Bajo Caguán, en límites con el departamento de Putumayo.

Quienes se quedaron, muchos de ellos descendientes de los viejos colonos, comenzaron a apropiarse de los predios abandonados, “a crear finca”  y a adecuarlos para la actividad ganadera, que es la que hoy se impone en la región del Bajo Caguán. Pero seguían sin títulos de propiedad, lo que limitaba el acceso a créditos bancarios para mejorar su productividad.

“Por eso nos vimos en la necesidad de exigirle al gobierno que por favor nos mandara a alguien para que nos titularan esas tierras. Apareció el Incoder: para unos bueno, para otros malo, a mí no me sirvió para nada.”, afirma Murcia, sugiriendo que la titulación requerida no avanzó.

A su juicio, el tema de la propiedad de la tierra “se volvió un problema muy serio” a partir de 2017, con la desmovilización, desarme y reincorporación de las extintas Farc bajo el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, porque se vino un nuevo repoblamiento con la intención de ocupar las tierras.

“En el momento que las Farc salen de la región, de inmediato viene gente de otros municipios del Caquetá y del interior del país a entrarse a la zona de reserva forestal a coger sus tierras, 200 o 300 hectáreas una sola persona”, cuenta este líder campesino.

Y el problema serio del que habla este líder no sólo es ambiental, es también la reacción del gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022), que respondió a ese nuevo repoblamiento con la Operación Artemisa, una estrategia militar para combatir la deforestación y que ha generado, según denuncian las comunidades, graves violaciones a los derechos humanos.

VerdadAbierta.com quiso actualizar los datos sobre el número de títulos de propiedad rural en Cartagena del Chairá y las acciones de formalización de tierras en Zona de Reserva Forestal de este municipio, para lo cual le solicitó información a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sin resultado alguno, pese a que la oficina de comunicaciones dijo tener la respuesta lista, al cierre de este reportaje no le fue suministrada.

Les pusieron límites

La preocupación por regular la ocupación de tierras adjudicadas a través de programas de reforma agraria, llevó al Estado colombiano a promulgar la Ley 160 de 1994, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, cuyo fin esencial fue “regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos”.

Esa norma estableció límites a esas adjudicaciones mediante la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que fue definida como una “empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio”.

Con la Resolución 041 de 1996, el Incora precisó las extensiones de las UAF, que se definieron con base en las características de la productividad de la tierra. Para el caso de Cartagena del Chairá, que se agrupó en la zona de la Altillanura del Caquetá, se estableció un rango de 86 a 117 hectáreas. 

Eso quiere decir que, al momento de adjudicar un baldío, el Estado debía hacerlo de acuerdo con las UAF establecidas y sólo entregar un predio por familia, para evitar el acaparamiento de tierras. 

Bermúdez es uno de los beneficiarios de la adjudicación de 117 hectáreas, según consta en la escritura pública No. 225 del 19 de febrero de 2009, registrada en una notaría de Florencia. Lo paradójico es que están dentro de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, de ahí que un 70 por ciento del predio lo destine para la ganadería y el resto para preservación.

“En el caso mío, yo me preocupé mucho por las escrituras —narra este líder campesino—. Yo decía ‘uno sin tener tierra y la tierra trabajarla uno y que sea del Estado, no…’. Entonces yo me fui para el Incora en 1999”. Y argumentando que debía ser sujeto de reforma agraria, diez años después, logró que el Incoder le adjudicara el predio en el que trabajaba: “y soy uno de los que está dentro de la franja de la Ley 2 del 59, pero como yo, hay una cantidad de gente que tenemos títulos, escrituras”.

“El Estado no reconoce sus propios errores —continuó—. Para usted tener un préstamo o un título a usted lo obligaban a que tenía que tener descubierto, mínimo 50 hectáreas de pasto”, lo dice enseñando los papeles del empréstito hipotecario que le solicitó al Banco Agrario un año después de conseguir su título. 

“¿Dónde están las oportunidades de trabajo que le da el Estado a la gente campesina? ¿Dónde están los préstamos con bajos intereses? Lo llevan a uno a deforestar para después decir que uno es el culpable de todos los males”, cuestiona Bermúdez.

Una revisión detallada a los documentos de propiedad de este campesino evidencia el desorden institucional agrario y el desconocimiento del Estado sobre el inventario de baldíos y fronteras. La escritura y el folio de matrícula inmobiliaria sitúan la propiedad en jurisdicción de Cartagena del Chairá, incluso el pago del impuesto predial lo hace en este municipio, pero según pudo establecer este portal con mecanismos de georreferenciación, el predio realmente está en San Vicente del Caguán y en zona protegida por la Ley 2.

Decisiones restrictivas

Además de las limitaciones que impuso con las UAF para la adjudicación de tierras de origen baldío, en 2013, y más de 50 años después de promulgada la Ley 2, el Estado colombiano decidió realizar un proceso de zonificación y ordenamiento de cada una de las reservas forestales establecidas por esa norma.

A través del Decreto 1925, expedido el 30 de diciembre de 2013 por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó las correspondientes zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonía para los departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila, en una extensión cercana a 12 millones de hectáreas, con el fin de tener un mejor instrumento de planeación del desarrollo.

Se crearon entonces tres tipos de zonas: la A, fuertemente restrictiva sobre la misión de conservación; la B, un poco más permisible para otras actividades; y la C, que permite economías agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la protección ambiental. 

Esa medida afectó a los campesinos de Cartagena del Chairá, por cuanto una amplia zona de este municipio caqueteño quedó caracterizada como tipo A, es decir, la más restrictiva para las actividades agrícolas, poniéndolos de nuevo entre la espada y la pared.

Sobre este tipo de situaciones adversas para los labriegos, el investigador Fajardo resalta que esas zonas no han sido objeto de una política consistente: “Allí simplemente ha llegado la gente, en algunos casos titulan, en medio del desorden más terrible”. ¿Y cómo superar estas dificultades?

Este académico sugiere dos opciones: de un lado, avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular lo referido a la Reforma Rural Integral, que tiene entre sus lineamientos “delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental”, para lo cual es necesario generar para la población campesina que las ocupan o colindan con ellas alternativas equilibradas “entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible”.

Y de otro, que se haga una reforma agraria en la que “los campesinos que han sido expropiados, desposeídos y desterrados se les diera acceso, no por allá, en los bordes de la frontera agraria, en este caso de estas reservas forestales, sino en el interior, es decir, zonas con suelos de calidad, con acceso a mercado, infraestructura, que es lo que ha sido imposible en particular desde el Pacto de Chicoral”.

Aunque para el académico las áreas protegidas van a defenderse si se tiene a campesinos estabilizados en zonas aptas para el aprovechamiento y el acceso a la propiedad rural, líderes sociales como Luis Antonio Valencia, un docente que lleva 23 años trabajando en la región y que coordina la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra en Cartagena del Chairá, encuentra lejana la posibilidad de reorganizar a tantas familias que ha hecho vida en esas tierras.

“Hay que aterrizar esas líneas”, precisa Valencia. “Hay que buscar alternativas de sustracción de algunas veredas y derechos de uso del suelo en otras zonas. El campesino debe tener algún documento donde lo acrediten poseedor de ese terreno para que no lo sigan jodiendo”.

Espere en nuestra próxima entrega: VerdadAbierta.com investigó cómo y por qué en los últimos cuatro años incrementó la deforestación, quiénes son los deforestadores y cuáles han sido los resultados de las acciones judiciales y militares del Estado para atender esta crisis.

---

Este artículo fue realizado gracias al respaldo de la Asociación Ambiente y Sociedad, y al apoyo brindado por la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá, Caquetá.