En la Amazonía colombiana, entre noviembre y febrero de cada año, los niveles de tumba y quema de árboles se agudizan porque en esos meses disminuyen las lluvias. Rastros de esa práctica se observan en los entornos de la vía que une a los municipios de El Paujil y Cartagena del Chairá, en Caquetá.
Sin embargo, los trozos quemados de yarumo y ceiba que yacen sobre el pasto hecho cenizas y el suelo naranja están lejos de ser el problema central de la deforestación de la Amazonía. Esas son pequeñas quemas de familias que deforestan para autosostenerse de la única manera que saben: imponiéndose sobre la selva.
“El campesino no es el gran deforestador. Por encima de las normas de convivencia que tenemos nosotros, llegan personas con enfoque de terratenientes. Esas personas tumban 100, 200, 300 hectáreas, cuando el campesino no está capacitado para hacer eso”, asegura un líder campesino de Cartagena del Chairá que prefiere mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.
Los rastros de la deforestación a niveles más altos se intuyen sobre las aguas del río Caguán. Por allí transitan numerosas barcazas cargadas con centenares de reses que son llevadas a la cabecera municipal de Cartagena del Chairá para su comercialización.
Las personas ajenas a la región que están llegando al Caguán vienen tras las ganancias que deja la ganadería extensiva a costa de la selva en un municipio en el que las comunidades están ansiosas por hacerse a un pedazo de tierra y en el que el negocio bovino se presenta como la mejor opción de conseguir dinero de manera legal. (Leer más en: La selva otra víctima)
En Cartagena del Chairá hay tres grupos relacionados con prácticas deforestadoras: campesinos pobres que talan dos o tres hectáreas al año para cultivar alimentos y mantener unas cuantas vacas; terratenientes que contratan campesinos empobrecidos para que tumben grandes extensiones de bosques y les administren su ganado; y campesinos con tierra que se asocian con ganaderos para consolidar la explotación bovina y por ambición amplían sus pastizales en detrimento de la jungla.
¿Cómo es que la selva ha venido desapareciendo en Cartagena del Chairá, un territorio en el que pocos podían entrar? Todo parece indicar que ni la guerra le puede poner un alto al plan ganadero que destruye la Amazonía; mientras, el Estado persigue equivocadamente a las poblaciones más vulnerables, de las que nunca se hizo cargo y ahora criminaliza.
Salen las Farc, entra la deforestación
Un líder que lleva más de medio siglo viviendo en Caquetá y hace alrededor de cuatro décadas en la región del Bajo Caguán se desempeñaba como docente del departamento hasta que renunció para irse detrás de un negocio muy lucrativo en Cartagena del Chairá: los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Con el paso de los años, empezó a involucrarse en el proceso organizativo, se volvió dirigente comunal y participó en la creación de varias Juntas de Acción Comunal.
En esos tiempos se tumbaba selva para ampliar los sembradíos de hoja de coca, pero la deforestación no era tan inquietante. Para esa década aún no habían entrado las motosierras: la tumba de árboles se hacía a punta de hacha y eran en su mayoría para parcelas de media hectárea, según recuerdan algunos líderes.
“Yo soy una persona que participa activamente en los procesos y nunca el gobierno en esta región se ha preocupado por mandarnos quién nos instruya, quién nos socialice, quién nos enseñe. Ha sido a través de la cultura ambiental que los campesinos seguimos trabajando esas tierras: socave, tumbe, queme y siembre. Por supuesto, no sabíamos que le hacíamos daño al medio ambiente… no sabíamos”, expresa, con asomo de culpa, este líder que prefiere mantener su nombre en reserva.
Durante años, quienes impusieron el cuidado del medio ambiente en el Caguán fueron los guerrilleros de las antiguas Farc, especialmente el Frente 14, que estimuló y respetó los liderazgos y procesos organizativos en la región. Así, las comunidades de Cartagena del Chairá acordaron agrupar las veredas del municipio en “núcleos”, en los que establecieron comités para garantizar la convivencia y el cuidado del medio ambiente.
“Ellos —las antiguas Farc— nos enseñaron a través de los Comités de Medio Ambiente y Agrario que teníamos que cuidar la flora, la fauna, los nacimientos de agua; eso está dentro de los manuales de convivencia que tenemos. Que usted no puede tumbar si no a 30 metros de distancia a la orilla del río, 30 metros alrededor de los nacimientos de agua; no se pueden matar las dantas, venados, tigres o paujiles. El que lo haga es sancionado por el comité de la vereda con multas de hasta cinco millones de pesos”, recuerda el líder.
Estos manuales de convivencia a los que se refiere el líder se convirtieron desde mediados de la década de los años ochenta en las leyes tácitas de Cartagena del Chairá. Las normas establecían que un colono, para poder tumbar bosques, tenía que pedir permiso a la Junta de Acción Comunal, al Comité Agrario y al Comité de Medio Ambiente, espacios en los que se establecía cuántas hectáreas podía deforestar, siempre en pequeños lotes. A través de estos acuerdos, las otrora Farc respaldaron los procesos sociales y velaron por el cuidado de la selva.
En esos manuales se especifica que “no habrá más colonización en las áreas protegidas”, “ninguna finca debe quedar con menos del 25 % de montaña de reserva”, y que las Juntas de Acción Comunal deben llevar un censo de las fincas, especificando hectáreas de potrero y selva virgen en cada una de ellas; mientras se solicita que las personas foráneas que ingresen a la región deben poner en conocimiento a los líderes de la región. Pero, tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, esas indicaciones no se cumplen como en los tiempos de dominio de las antiguas Farc.
Con la salida de ese grupo guerrillero en su camino a la reincorporación, las comunidades campesinas de Cartagena del Chairá se quedaron sin Estado y sin ley, pero con el compromiso de cuidar la selva como estaban acostumbrados; no obstante, los foráneos que empezaron a llegar desconocieron tales acuerdos y sin ninguna vergüenza están atentando contra el medio ambiente. (Leer más en: La historia de una disidencia guerrillera en Caquetá)
Varios líderes del municipio recuerdan que en septiembre de 2016, desde algunas veredas empezaron a informar que habían entrado “nuevas personas” a invadir zonas de reserva forestal, específicamente en tres veredas: Lejanías Uno, Lejanías Dos y Monterrey; todas del Núcleo 7.
Inmediatamente, con las actas que las comunidades habían elevado desde las Juntas de Acción Comunal, los líderes presentaron una denuncia ante Corpoamazonia, la autoridad ambiental en la región, advirtiendo lo que sería el inicio de una avalancha de tumbas y quemas, pero los pusieron en espera.
El 13 de diciembre de ese año, lo citaron para que socializara el panorama de deforestación ante diferentes instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar medioambiental. Rayando un mapa, señaló las tres veredas en donde, según los registros de las Juntas de Acción Comunal, entraron, inicialmente, 42 personas, pero pasados tres meses desde que dieron la alerta, se tenía conocimiento de por lo menos 880 personas que se habían tomado tierras vírgenes de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía.
Los meses siguientes comenzó a implementarse la “burbuja ambiental”, una iniciativa de articulación interinstitucional, liderada por la Sexta División del Ejército Nacional, para prevenir, intervenir y mitigar la deforestación en Caquetá —que después se adoptaría en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Vaupés—. No obstante, los resultados no han sido los esperados.
Pero ¿quiénes eran esas personas que estaban llegando a ocupar zonas de selva virgen? Las comunidades recuerdan que muchos provenían de municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Rico o El Paujil. “Algunos ricos los financiaron para que fueran y cogieran 500 hectáreas de montaña y les aportaron 15, 20 millones de pesos”, explica un líder del municipio que solicitó la reserva de su nombre por razones de seguridad.
Algunas de estas ocupaciones de la selva habían empezado años atrás, pero sin la colosal huella de la deforestación. Uno de los casos más sonados en la región es el de Tierra Linda, una vereda que creció sin control en 2017. Según cuentan líderes de la región, en 2010 se presentaron 23 familias ante las Juntas de Acción Comunal del Núcleo 2 con un supuesto permiso firmado por las antiguas Farc —pero no del Frente 14 que operaba en Cartagena del Chairá, sino de la Columna Móvil Teófilo Forero y el Bloque Oriental— para instalarse en Cartagena del Chairá.
Así fue como cada familia se tomó entre 117 y 500 hectáreas de selva virgen en un terreno ubicado a siete horas a caballo por trocha desde Remolinos del Caguán hasta inmediaciones del caño La Urella, y a pocos kilómetros del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Con la salida de las Farc a finales de 2016, las familias han tumbado grandes extensiones de manigua.
Aunque los líderes de Cartagena del Chairá no estaban de acuerdo con esa situación, ninguno pudo oponerse al supuesto permiso que tenían de las antiguas Farc. Sin embargo, hay rumores de que esas personas no fueron avaladas por la otrora guerrilla y que detrás está el presunto interés de una familia por poseer tierras en el municipio: los Pulecio, de la que pocos detalles dan en la región. Quienes se aventuran a hablar, aseguran que cuentan con Internet satelital en Tierra Linda y se movilizan por las trochas en ostentosas camionetas.
“En menos de tres años, tumbaron por lo menos 2.350 hectáreas, hoy día son mucho más. Si se calcula que una hectárea puede albergar máximo dos reses para que se alimenten de buen pasto, ¡y esta gente tiene la capacidad de sacar entre mil quinientos y dos mil novillos anuales! Entonces imagínese la cantidad de tierra que esta gente tiene… y tienen mucha plata”, le contó a este portal un líder que prefiere mantener su nombre en reserva pues considera que hablar de esta familia lo puede poner en riesgo.
Las comunidades también señalan a dos comerciantes de productos agrícolas y veterinarios. Se trata de Mario Tejada, propietario de la Proveedora Tierras y Ganado; y de José Alirio Barreto Yanten, dueño de Campolider S A S, ambos negocios asentados en el centro poblado de Cartagena del Chaira. A ellos se les cuestiona por supuestamente haber deforestado gran cantidad de selva para conformar extensas fincas ganaderas en la vereda Barcelona del Núcleo 15.
VerdadAbierta.com buscó a ambos empresarios a través de los números telefónicos que aparecen en los registros de la Cámara de Comercio de Florencia. La persona que atendió el número de la empresa de Tejada fue evasivo con las respuestas sobre su supuesto papel en la deforestación de la Amazonía y en los números de Barreto no fue posible establecer comunicación con el representante legal.
Según líderes de la región, en 2018, en una reunión que tuvo lugar en Remolinos del Caguán, que convocó a varios coordinadores de núcleo de todo el municipio y en la que participaron varias entidades del Estado, entre ellas Corpoamazonia, los voceros de las comunidades denunciaron con nombres propios y números de cédula a las personas que estaban deforestando la selva, pero no pasó nada y, por el contrario, los denunciantes se ganaron enemigos.
“Las instituciones gubernamentales a esa gente nunca les dice nada, a los pobres es a los que se las monta”, se quejan en las comunidades.
Semanas después de aquella reunión, en Cartagena del Chairá circuló un listado de líderes sociales a los que las disidencias de las Farc declararon “objetivo militar”. Después, se aclaró que los amenazados sólo estaban cumpliendo con su labor socioambiental. Pero el temor está latente.
Los líderes del municipio concuerdan en que la mayoría de los terratenientes del Medio y Bajo Caguán viven fuera de la región y tienen mayordomos o socios campesinos en las fincas. De vez en cuando visitan los predios, pero se van pronto.
Intereses ganaderos
Para deforestar grandes extensiones de jungla se requieren fuertes sumas de dinero. Según cálculos rápidos de un líder social del Bajo Caguánque prefirió mantener su nombre en anonimato por seguridad “la tumba de una hectárea vale, por ahí, un millón de pesos, porque usted no va a ser capaz de tumbarlas usted solo: la comida, la herramienta, la gasolina, ¡todo! Quien tumba más de cinco hectáreas son personas que los están ayudando… que les están pagando”, dice.
Emilio Rodríguez, investigador de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), cree posible que ganaderos de diferentes partes del país estén enviando semovientes al sur, específicamente al Medio y Bajo Caguán, para que engorden y luego los saquen a la venta a buenos precios. Al respecto, varios líderes concuerdan que serían oriundos de Cundinamarca, Antioquia, Huila y, especialmente, del Valle del Cauca.
Labriegos de la región explican que el negocio es así: un ganadero da el dinero para la deforestación, el campesino arregla pastizales y el tercero ingresa ganado. Dejan una o dos reses por hectárea durante dos a tres años, venden a dos millones y medio cada cabeza de ganado y al final reparten las ganancias.
“Los deforestadores grandes se están tapando con los pequeños y es lo que están haciendo con nosotros”, denuncia un labriego de la vereda Las Quillas. Otro campesino de esa comunidad pone como ejemplo aquellas familias que tienen unas cuantas reses: “Mire Las Quillas, el que más tumbó fue por ahí tres hectáreas. En esta vereda habemos desgraciadamente una manada de pobres”, y precisa que en esa comunidad de 18 familias, la que más tiene posee 30 reses y la que más deforestó a inicios de este año tumbó tres hectáreas.
Aunque en la actualidad la producción bovina es un problema alarmante, la ganadería no apareció en el municipio con la salida de las antiguas Farc. La historia cuenta que fue el mismo Estado el que propició e incentivó esta actividad económica entre víctimas de la guerra.
Las comunidades referencian los desplazamientos que sufrieron los pobladores del Bajo Caguán en los años del Plan Patriota —la estrategia militar implementada en el primer periodo de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) con la que buscó recuperar territorios que históricamente habían dominado las Farc—. Al retornar a mediados de la primera década del 2000, el Banco Agrario facilitó préstamos, a través de la Asociación de Economía Solidaria del Medio y Bajo Caguán (ASOES), para incentivar la ganadería.
“El Banco Agrario prestó más de $1.200 millones para el primer crédito, entregándole a cada campesino seis millones de pesos en ganado. Entonces ahí ya el campesino empezó a ir tumbando montaña, porque había que generar espacios para meter el ganado. El campesino con una hectárea de montaña en coca con eso vivía. Para poder vivir de la ganadería, de la leche, del queso, necesitaba grandes extensiones de montaña”, recuerda un líder de la región que lleva más de 20 años en la región del Bajo Caguán.
Las comunidades recuerdan que, para el año 2015, el gobierno nacional se enfocó en los inicios de la deforestación, pero los verdaderos estragos de la tumba de bosques llegaron en 2017 cuando la gente se convenció de que la ganadería sería la actividad que generaría plata legalmente.
“Para 2017 y 2018 se evidencia que había grandes capitales financiando a campesinos para que tumbaran selva. Para esa fechas ya se evidenciaba que había capitales de
dudosa procedencia, de terratenientes, inclusive gente de Medellín y otras partes del país, se dieron cuenta que en esta zona era bueno talar, sembrar pastos y que el ganado saliera rápido”, sostiene este líder.
Las estadísticas respaldan lo que ilustra este líder. Caquetá experimentó un incremento progresivo de bovinos y predios destinados a esta economía. Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en 2016 había 1.340.049 cabezas de ganado y 13.263 predios bovinos. Para 2021 se registraron 2.079.194 bovinos y 19 mil predios. Lo que quiere decir que en cinco años el departamento experimentó un incremento del 55 por ciento en cabezas de ganado y 43 por ciento en predios bovinos.
Para 2021, Cartagena del Chairá repuntó como el segundo municipio del departamento con las cifras más altas de animales y predios dedicados a la actividad ganadera después de San Vicente del Caguán. Según el ICA, registró 307.415 reses y 2.047 fincas bovinas que, al compararlas con los registros del 2016, muestran un aumento del 137 por ciento y 84 por ciento, respectivamente.
Liderazgos, bajo riesgo
“Las disidencias llegaron a los dos años —de la firma del Acuerdo— a controlar, pero ya no había qué controlar”, explica un líder de la región que prefiere mantener su nombre en reserva. Precisa que la indicación que ha impartido ese grupo armado ilegal es que de los predios que tomen, el 30 por ciento pueden destinarlo a producción, otro 10 por ciento a rotación y el 60 por ciento restante a conservación.
“Ellos —las disidencias de las Farc— dicen: ‘Nosotros no le podemos impedir a la gente que entre a trabajar, nosotros también somos campesinos’, ellos en cuanto a eso no se imponen. En lo que sí se imponen es en que traigan gente de otras partes a meterse en esta región. Desde que sea gente que vaya a trabajar allá, para ellos no hay ningún problema”, cuenta otro líder con larga trayectoria en la región del Bajo Caguán.
Sobre el papel de las disidencias de las Farc en la deforestación, las personas consultadas tienen distintas posiciones. Algunas contradicen las versiones que sostienen que se mantienen al margen o que se interesan en la conservación ambiental. “Ellos auspician la deforestación y auspician pa’ que siembren coca. Un campesino llega y les dice ‘déjenme tumbar 100 hectáreas, tengan tanto’”, dice un labriego que prefiere mantener su nombre en reserva por cuestión de seguridad.
Esas versiones sobre los intereses de las disidencias las reconoce un funcionario de una institución del Estado que pidió mantener en reserva su nombre y el de la entidad al margen por el cargo que ocupa: “No hay una línea. Hay unos que permiten y otros no. Donde no se permite es más hacia donde están las nuevas estructuras de la Segunda Marquetalia, en San Vicente alto, arriba en la cordillera. Y las disidencias del Frente 1, lo que vemos, aunque no lo tenemos tan evidenciado, es que ellos se benefician de la deforestación porque le dicen a la gente ‘siembre y cultive tal cosa’ o le permiten a algunos que realicen estas deforestaciones. Si ellos estuvieran protegiendo no se estaría generando ese tipo de deforestación”.
Entre 2016 y 2017, las comunidades del Medio y Bajo Caguán convivieron con grupos irregulares de los que no se tiene certeza que fueran de las antiguas Farc o terceros que aprovecharon que se habían quedado sin autoridad. Para esos años, las disidencias de los frentes 1 y 7 empezaron a ocupar la selva caqueteña entre los ríos Guayas y Caguán, con influencia en los municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
En ese contexto irrumpió el Frente Miller Perdomo, una estructura disidente del Bloque Oriental de las antiguas Farc comandada, inicialmente, por Édgar Mesías Salgado Aragón, alias ‘Rodrigo Cadete’, quien estuvo al frente de ese grupo armado ilegal hasta su muerte en febrero en 2019 durante un operativo militar. Se le atribuye combatir la delincuencia común que se hacía pasar por Farc y unificar la presencia de las disidencias en esa región de la Amazonía.
Tras la muerte de alias ‘Cadete’ varios exguerrilleros asumieron el mando del Frente Miller Perdomo: algunos corrieron la misma suerte de su antecesor o fueron capturados. El último de ellos fue Germán Amado Porras, alias ‘Cipriano González’, un curtido combatiente del Frente 40 que estuvo encargado de las escuelas de formación de las antiguas Farc y quien fue abatido por tropas del Ejército el 17 de agosto del año pasado.
Desde aquel hecho, los líderes comunales no tienen claridad sobre quién es el jefe disidente que está al mando del Frente Miller Perdomo, lo que genera desconcierto e inseguridad sobre los límites de sus liderazgos. “Las disidencias no tienen un norte claro, como lo tenían las verdaderas Farc. Por eso es que nosotros estamos entre la espada y la pared. Se hizo más difícil el camino para el liderazgo”, concluye un líder de la región que prefiere mantener su identidad en reserva por cuestiones de seguridad.
Aunque ese frente disidente es una de las estructuras más fuerte en el Bajo Caguán, persisten tensiones en la región baja del río Caquetá con un grupo conocido como Comando Bolivariano de Frontera que, en febrero de 2021, se alió a la llamada Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, quien renegó del Acuerdo de Paz pese a hacer parte del equipo negociador y retomó las armas. Sin embargo, varios analistas del conflicto que consultó este portal cuestionan el efectivo control que tiene la Segunda Marquetalia sobre el Comando de Frontera.
Contando árboles que caen
En diálogo con este portal, Yolanda González Hernández, directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), explica que de las casi 9 millones de hectáreas que conforman el departamento de Caquetá, el 71 por ciento de su superficie está cubierta por bosque natural, “con cerca de 6,4 millones de hectáreas de bosque, que representan el 16 por ciento de la superficie de bosque de la Amazonía colombiana y el 11 por ciento del bosque total del país”.
El monitoreo de la deforestación que lleva esta institución aún no ha terminado de consolidar las cifras del año pasado, ni siquiera es posible consultar los últimos dos boletines de Detección Temprana de Deforestación (n° 28 y 29) sobre la situación del segundo semestre del 2021 porque, según la oficina de prensa, se encuentran en proceso de diagramación y publicación.
La más reciente información con la que se puede evidenciar el impacto de la deforestación es la del 2020. Para ese año, el departamento de Caquetá registró 32.522 hectáreas deforestadas, lo que representa en los datos del IDEAM un aumento del siete por ciento con respecto al 2019, cuando se detectó una deforestación de 30.317 hectáreas.
“Para los últimos cuatro años, periodo 2017 – 2020, para la jurisdicción del departamento de Caquetá se identificó un consolidado de 169.904 hectáreas, siendo el año 2017 en el que se presentó la mayor deforestación con 60.301 hectáreas”, precisa González. Esto quiere decir que en esos cuatro años se ha deforestado en Caquetá un área más grande que la isla de Hong Kong, en China.
En ese periodo, los municipios caqueteños que han acumulado las mayores superficies deforestadas son San Vicente del Caguán (72.092 hectáreas); Cartagena del Chairá (65.749 hectáreas); y Solano (22.107 hectáreas). Sin embargo, si se tiene en cuenta la extensión total de los municipios, Cartagena del Chairá es la región porcentualmente más deforestada, perdiendo en bosques vírgenes el equivalente a casi 526 mil piscinas olímpicas .
De acuerdo con el Instituto Sinchi a través del Sistema de Información Territorial de la Amazonía Colombiana (SIAT-AC), los dos municipios que registran los índices más altos de puntos de calor —variaciones térmicas en la superficie terrestre que puede asemejarse a incendios— fueron San vicente del Caguán (49.613) y Cartagena del Chairá (32.587).
Según esos datos, el año con los registros más altos de puntos de calor en Cartagena del Chairá se presentaron este año. En lo que va corrido del 2022, el SIAT-AC registró 10.903 puntos de calor en el municipio, lo que dobla los registros de 2020, el segundo más alto.
VerdadAbierta.com buscó una entrevista con funcionarios de Corpoamazonía para conocer sus análisis sobre lo que está ocurriendo en Cartagena del Chairá, pero, aunque se les compartió una guía de preguntas, dilataron la respuesta porque están esperando las cifras de deforestación del IDEAM para “dar con exactitud estos datos”.
Judicializar, acción contra la deforestación
Con la Sentencia STC 4360 DE 2018, resultado de una acción de tutela presentada por 25 niños, niñas y jóvenes del país, la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos de la Amazonia colombiana, ordenandole al Estado formular un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación.
Líderes de Cartagena del Chairá y municipios vecinos consideran que ese plan sólo se ve en acción militar que, en la práctica, no tiene un control efectivo sobre el territorio, pues aunque la Armada Nacional verifica y fotografía las cédulas y registra las pertenencias de todo aquel que navega por el río Caguán en diferentes puntos, en la trocha que va de Remolinos del Caguán al centro poblado del municipio ningún militar hace presencia.
“Nosotros creíamos que los operativos iban contra la gente que estaba dentro de Parques Nacionales porque hubo gente que le quitaron el ganado, la capturaron, se la llevaron”, dice un líder de la región que pidió la reserva de su nombre y continúa: “Pero a finales de 2020 la Operación Artemisa se viene hacia Cartagena del Chairá tras las zonas de la Ley 2 de 1959, Zonas de Reserva Forestal”.
El primer operativo ocurrió el 11 de octubre de 2020. En aquella ocasión, la Fiscalía 17 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Medellín pidió realizar 16 allanamientos en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá y capturó a nueve personas, acusándolos de los delitos de invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables e incendio. Al día siguiente fueron dejados en libertad.
Esa vez fue capturado Isaac Páez, un campesino que durante varios años vivió en una finca de 170 hectáreas en la vereda lejanías del núcleo 14, pero que vendió en 2018 para irse a vivir al centro poblado del municipio.
El 29 de octubre del mismo mes un nuevo operativo tuvo lugar en Cartagena del Chairá, pero esta vez sólo capturaron a Páez. Nuevamente fue dejado en libertad al día siguiente. “El juez decidió dejarnos en libertad porque las pruebas que tenía no eran contundentes, el único hecho era estar viviendo en zona de Ley 2”, sostuvo Páez.
El programa periodístico Testigo Directo en su emisión del 30 de noviembre titulada Disidencias y narcotraficantes: alianza perversa contra la Amazonía colombiana presentó un organigrama que incluía la foto de Páez con el alias de ‘Misingo’ y lo relacionó como la mano derecha de ‘Gentil Duarte’ para la deforestación en el sur del departamento de Meta. Ese señalamiento lo basó en información que le suministró la Jefatura de Seguridad Ambiental de la Policía de Carabineros, en cabeza del coronel Óscar Daza. “Foto que fue tomada el día 10 de octubre cuando fui capturado, en las instalaciones de Larandia —Fuerte Militar de Caquetá—”, señala Páez en un oficio que le envió al defensor del Pueblo de Caquetá.
“El Plan Artemisa es para los pobres —reprocha otro líder del municipio—. El Plan Artemisa es persecusión para los pobres y para el campesino de a pie. Las capturas que se dieron fueron a gente pobre que está luchando por tener un mejor futuro para sus hijos. Pero si usted mira las personas que tienen dos mil, tres mil hectáreas, el Plan Artemisa no los ha tocado para nada”.
A inicios de diciembre del año pasado, varios medios de comunicación difundieron los rostros de ocho hombres y una mujer, presentados como “los más buscados por deforestación en la Amazonía colombiana”. El Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 20 millones a quien diera información que permitiera su captura. Nuevamente, campesinos del Caquetá denunciaron que se había cometido un error en esa información.
Es el caso de Esteban Cruz Chilo. El medio local Lente Regional elevó la denuncia de su familia, que argumentó que era un campesino pobre y de la tercera edad de San Vicente del Caguán.
Dos meses después fueron capturadas tres personas de las señaladas y en abril del mismo año cuatro más se entregaron. Uno de ellos fue Cruz, quien denunció que todo se trataba de un montaje. Según explica, se entregó no por ser culpable, sino para evitar un daño mayor a su integridad.
Dos meses después fueron capturadas tres personas de las señaladas y en abril del mismo año cuatro más se entregaron. Uno de ellos fue Cruz, quien denunció que todo se trataba de un montaje. Según explica, se entregó no por ser culpable, sino para evitar un daño mayor a su integridad.
Cayeron 3 del cartel de los más buscados por la deforestación de la Amazonía Colombiana https://t.co/eZB1p7JvDD pic.twitter.com/ehEXNOcGld
— Mindefensa (@mindefensa) February 21, 2021
En el nuevo “cartel de los deforestadores” que difundió el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales en febrero del año pasado colocó en la cabeza de la lista a Jaiber Galindo Muñoz, un profesional de 45 años de edad, nacido en el seno de una familia campesina en Saladoblanco, Huila, a quien desde muy pequeño lo llevaron a vivir a Cartagena del Chairá. Aunque se tituló como Psicólogo, nunca dejó el municipio caqueteño donde ejerce un destacado liderazgo social.
Junto a su esposa, en 2007, compró una finca en Los Andaquies, una vereda del Núcleo 15, que escrituró y sobre la que paga sus impuestos. “Yo soy una de las personas que menos ha deforestado, cualquiera lo puede constatar”, dice Galindo, quién ha insistido en ponerle un freno a la deforestación desde hace cinco años.
Con la salida de las Farc, este psicólogo se preocupó por las centenares de familias que llegaron para apropiarse de baldíos de la Nación que hacían parte de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía.
“La mayor parte eran campesinos —recuerda el líder—, en un 90 por ciento eran gente que nunca había tenido la oportunidad de tener tierra. Empezaron de una forma totalmente desordenada: tumbe, dañe, coja y venda. Como estuve en varios procesos comunitarios, mucha gente me preguntó qué podríamos hacer para que ese tema de baldíos no siguiera así. Entonces convocamos a la gente y creamos una asociación”.
Se trata de la Asociación Campesina para la Protección Ambiental y la Producción Agroforestal de Cartagena del Chairá (ASOPROACAR) —a la cual Isaac Páez también apoyó—, que agrupó a 14 Juntas de Acción Comunal que se crearon en las zonas que las familias se habían tomado y que colindaban con los núcleos 4, 5, 7 y 15 —comprometiendo toda la región que va desde la vereda Monterrey hasta la desembocadura del afluente Lobos en el río Yarí—.
Galindo se dio a la tarea de impartir pedagogía para que mermara la deforestación, pero de manera paradójica, ese papel lo puso en la mira de la institucionalidad. Sin embargo, no era la primera vez que se le reconocía por su activismo en la región.
En 2015, Galindo y Páez denunciaron al actual alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina Hernández, quien para ese año se desempeñaba como gerente de Gendecar S.A.E.S.P., empresa que administraba el servicio de alumbrado público en los caseríos no interconectados de Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán.
Galindo se quejó de que a pesar de que esa empresa recibió subsidios del Ministerio de Minas y Energía para brindar electricidad a comunidades vulnerables, el servicio no se presentó en por lo menos 12 veredas.
En 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló pliego de cargos contra Gendecar por presentar información inexacta sobre la prestación del servicio eléctrico entre octubre de 2014 y diciembre de 2016 en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Pese a que la Fiscalía halló responsable a la empresa, a la fecha el proceso sigue activo y no hay una sentencia en firme.
“Junto a Jesús Narváez —otro de los que aparece en el cartel de la Policía—, conseguimos un abogado y nos presentamos el 7 de julio del año pasado y ahí acordamos con la Fiscalía de Cartagena del Chairá, por lo que se conoce como principio de oportunidad, para no ir a proceso, que nosotros daríamos unas capacitaciones motivando a la gente a la no deforestación y sembraríamos unos árboles. Con eso prácticamente acabaría el proceso”, explica Galindo, quien está a la espera de una audiencia para finiquitar el tema “y definir cuántos árboles tenemos que sembrar y cuantas charlas tenemos que dar”, un mecanismo, agrega, que le evitará terminar en un juicio en el que teme que presenten pruebas falsas en su contra.
Similar a la situación de Galindo, hay otros casos que involucran a por lo menos 22 campesinos acusados de deforestar —al menos ocho de Cartagena del Chaira—. Algunos fueron capturados, otros se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía y los dejaron libres con la condición de que no podían volver a los predios rurales en los que vivían. Sin embargo, como no tienen otro lugar para vivir, están en sus fundos con el miedo de que el Estado arremeta contra ellos.
A inicios de este año, el Ministerio de Defensa divulgó un nuevo cartel con los datos de 17 personas señaladas de deforestar la Amazonía. Líderes consultados en Cartagena del Chairá no tienen conocimiento de cuántos de ellos son de este municipio, pero hay dudas de que sean los verdaderos depredadores de la selva.
El ministro @Diego_Molano presentó el cartel de los 17 más buscados por delitos ambientales y deforestación, y ofreció un plan de recompensas de hasta de $300 millones a quienes suministren información que permita la ubicación y captura de los responsables por estos delitos pic.twitter.com/gMi3el4THU
— Mindefensa (@mindefensa) February 5, 2022
Con el propósito de conocer más detalles al respecto, VerdadAbierta.com remitió un derecho de petición al Comando General de las Fuerzas Militares solicitando información sobre el número de capturas, incautaciones, acciones pedagógicas y presupuesto destinado para hacerle frente a la deforestación.
Pasados más de dos meses, el general Jorge León González Parra, jefe del Estado Mayor Conjunto, se negó a responder aduciendo que debía conocer “como mínimo el objetivo y las razones en que se fundamenta” la petición, pese a que se dejó claro que la información solicitada estaba relacionada con una investigación periodística.
Al escalar la consulta, el Ministerio de Defensa le trasladó la responsabilidad de responderle a este portal al Departamento de Policía de Caquetá. Esta institución precisó que entre el 13 de diciembre de 2017 —fecha en la que se declaró la burbuja ambiental— y el 10 de febrero de 2022, se realizaron en ese departamento 259 capturas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en zonas de Reserva Forestal y Parques Nacionales Naturales.
Para el caso específico de Cartagena del Chairá indicó que en ese periodo fueron detenidas ocho personas, de las que una habría sido capturada en el año 2020 por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y cuatro más por invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación precisó que en Cartagena del Chairá, entre el 13 de diciembre de 2017 y el 3 de marzo de este año, han sido imputadas tres personas por delitos relacionados con la deforestación, dos de los cuales llegaron a etapa de juicio.
Este portal le preguntó al ente investigador cuántos procesos que llegaron a juicio en Caquetá se resolvieron mediante sentencias condenatorias y absolutorias, pero la consulta fue trasladada al Consejo Superior de la Judicatura y al cierre de esta publicación no hubo respuesta alguna.
Movilizaciones contra la judicialización
Las judicializaciones en 2020 provocaron un estallido social en Cartagena del Chairá. El 13 de noviembre de ese año, en plena pandemia, entre tapabocas y frascos con alcohol antiséptico, más de 300 personas se movilizaron hacia la cabecera municipal buscando que fuera escuchada su inconformidad sobre los métodos como se estaba frenando la deforestación: las capturas.
“Hicimos una manifestación pacífica simplemente con pancartas donde decíamos que no éramos delincuentes, que nosotros éramos campesinos trabajadores y que la Fiscalía no está al tanto de los peores asesinos del medio ambiente”, recuerda un líder de la región.
Como resultado de esa protesta se constituyó la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra, un proceso social de Cartagena del Chairá que busca plantear soluciones a la deforestación y la situación de tenencia de la tierra de centenares de familias del municipio.
Las comunidades campesinas le exigieron al gobierno nacional que cesara toda persecución judicial y propusieron realizar sustracciones de áreas de la reserva forestal que ya se encuentren ocupadas por familias y que estas entren al banco de tierras de la Nación para ser asignadas a las mismas familias que las ocupan.
También le reclamaron al Ejecutivo que el incumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz, Reforma Rural Integral, había catapultado a que familias se hicieran a predios en el departamento y que el dinero de cooperación internacional para conservación de la Amazonía se había implementado solo en acción militar.
Sin embargo, los operativos no cesaron. El 15 de abril del año pasado, más de 600 campesinos se movilizaron desde Cartagena del Chairá hasta Florencia para reiterar sus exigencias, conformando un grupo de dos mil 800 campesinos de todo Caquetá. Y se adhirieron al Paro Nacional, estableciendo durante 50 días “puntos de resistencia” en tres municipios del departamento del Huila: Altamira, Guadalupe y Suaza, con lo que lograron que varias entidades estatales se sentaran a escucharlos y a buscar soluciones.
Uno de los puntos abordaba la situación de las familias asentadas en zonas de reserva forestal, sobre la que se acordó la financiación de dos estudios de sustracción en San Vicente del Caguán y uno en Cartagena del Chairá, el acceso a crédito y a extensión agropecuaria por parte de comunidades campesinas y la financiación de cuatro zonificaciones ambientales participativas en el departamento. Sin embargo, a la fecha, en el único punto que se ha avanzado es en la zonificación ambiental participativa, a través de asambleas comunitarias.
Las propuestas de los líderes de Cartagena del Chairá van en vía de alcanzar la permanencia de las comunidades en el territorio, pues consideran que a este punto ya es muy difícil sacar y reubicar a las familias que en los últimos años se tomaron parte de la selva y mucho más a las que por más de 40 años han vivido en ese margen del país. Por eso su lucha es conseguir Zonas de Reserva Forestal con campesinos.
Una de las propuestas es implementar una “finca modelo” en donde se garantice la seguridad alimentaria de las familias, la producción agropecuaria y se vincule las ofertas de pagos por servicios ambientales al conservar la selva.
“A esos campesinos se les tiene que enseñar a proteger, pero como ellos están allá es por necesidad de hacer la vida con su esposa y sus hijitos. Que le digan al campesino ‘en este territorio usted lo único que puede hacer es esto y esto’ y que le entreguen las ayudas e insumos para conservar”, reitera el líder.
Espere en nuestra próxima entrega: VerdadAbierta.com preguntó por las acciones que están adelantando campesinos de Cartagena del Chairá para contrarrestar la deforestación y hacer viable la vida en el Bajo Caguán. Además, revisó el avance de los Contratos de Conservación Nacional y Pagos por Servicios Ambientales que ofrece el gobierno como solución para las zonas de manejo especial.
Este artículo fue realizado gracias al respaldo de la Asociación Ambiente y Sociedad, y al apoyo brindado por la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá, Caquetá.