Llegar a la vereda El Guamo, en la parte más baja del río Caguán, toma cerca de ocho horas desde el centro poblado de Cartagena del Chairá en una lancha rápida. Quienes están habituados a hacer ese viaje saben que el pasaje vale 170 mil pesos, una cifra alta para otras latitudes, pero natural en esta región del país donde hay pocas regulaciones estatales.
En esta vereda se acostumbraron a sobrevivir sin la presencia integral del Estado y aferrándose a cualquier actividad económica que pueda sostenerlos entre la selva caqueteña, que hace parte del ecosistema de la Amazonía. Pero el deseo de alcanzar esa estabilidad afecta el medio ambiente. De ello son conscientes líderes y lideresas campesinas de la región.
“Nosotros sabemos el daño que hacemos con la tumba de selva, nosotros no somos tan brutos. ¡Entendemos!”, afirma un campesino entre la profundidad de la manigua del Bajo Caguán, quien prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad.
Este labriego cuestiona la gestión de algunos funcionarios del Estado para conservar el medio ambiente y apoyar a las comunidades en esas tareas. “Vienen y dicen: ‘en el bote viene un recipiente de mil litros para guardar agua’ y pues uno se contenta porque si uno no tiene con qué comprarlo y ya con eso uno se deja enredar y no llega nada más”. Y otro labriego lo complementa: “todo gobierno es así: miran que acá hay campesinos pobres, ‘no tienen dónde caerse muertos, vamos a enredarlos’. Y nosotros recibimos porque necesitamos”.
La tragedia que hoy afrontan las comunidades de Cartagena del Chairá no es la guerra. Lo que en realidad tiene sitiados a centenares de chairences, y con ellos a la selva amazónica, son la falta de títulos sobre la tierra que habitan y la dependencia de una economía inviable con la Amazonía, como la ganadería extensiva, para no recaer en la dependencia de la economía ilícita del cultivo de hoja de coca para uso ilícito.
“Realmente todos esos matices se han originado en el territorio por la falta de oportunidades. No ha habido realmente un reconocimiento de esas comunidades campesinas para tener otras alternativas de vida, otras alternativas de producción”, señala Aristides Oime, líder social del municipio.
Leoncio Montaña Bahamón, campesino de la vereda Las Quillas, es la voz de esa falta de oportunidades: “uno siembra un cultivo, por ejemplo plátano yuca o algo así, pero es para el consumo de uno porque no hay empresas o algo así que compren los artículos… nada. Si uno se va en pérdidas yendo no más a Remolino (del Caguán) con un racimo de plátano, entonces uno para qué se va a poner a cultivar. El transporte es carísimo, uno llega arriba (a la cabecera municipal) y la comida, como plátano, llega en mal estado”.
Los dilemas entre la necesidad campesina y el medio ambiente abundan por montón y lo que piden centenares de familias del municipio es que no las señalen sin antes conocer sus carencias. Uno de esos casos está en la comunidad de Las Quillas, formada por 18 familias pobres, la mayoría no posee títulos del suelo en el que habita y que realiza pequeñas talas para sostenerse de la ganadería.
En el 2018, con ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), estas familias lograron gestionar recursos para construir un puente de 300 metros hecho en madera que va del río Caguán hasta sus fincas. Sin embargo, como consecuencia de la humedad de la selva, cada año deben tumbar árboles para rehacer las partes del puente que se van dañando, engrosando las cifras de tala de bosques por simple necesidad.
De las palabras a la acción
Haciéndole frente al difícil suelo amazónico, al conflicto armado, al lugar que se ha hecho la ganadería extensiva en la región y a los cultivos de uso ilícito, algunas familias campesinas, apoyadas por organizaciones sociales, han emprendido acciones para intentar frenar la deforestación y darle un giro a sus condiciones socioeconómicas, avanzando de esa manera en el fortalecimiento de una conciencia ecológica benéfica para el ecosistema amazónico.
Experiencias del pasado han demostrado que es posible encontrar alternativas para la sostenibilidad de las comunidades en el Caguán sin acabar los bosques. Como lo pretendió Giacinto Franzoi, recordado por las comunidades como “el padre Jacinto”, quien, a finales de la década de los años ochenta, llegó hasta Remolino del Caguán para proponerle a los campesinos sustituir los cultivos de hoja de coca para uso ilícito con siembra de cacao y exportar chocolates bajo el nombre de ‘Chocaguán’.
Varias apuestas se impulsan en la región para, como otrora fue con la hoja de coca, reducir la ganadería extensiva. Una de esas historias es la de Baudilio Endo, de 58 años, quien hace 38 años llegó al Bajo Caguán. La historia de este labriego es el testimonio de la mayoría de campesinos de Cartagena del Chairá: llegó al municipio sobre la década de los ochenta siguiendo el rastro de la hoja de coca y la ilusión de hacerse a un pedazo de tierra. Tras la tensión que le generaba depender de un negocio ilícito, decidió abrirse paso en la actividad ganadera en el 2010.
Endo es de ese grupo de chairenses que tiene título sobre la tierra que trabaja. La autoridad agraria le tituló La Reforma, una finca de 53 hectáreas en la zona sustraída de la Reserva Forestal de la Amazonía, a pocos metros de empezar esa Área de Especial Interés Ambiental. Pero con la sabiduría que dan los años y la experiencia, así como la pérdida de la ambición de conseguir dinero a toda costa, critica a los terratenientes del municipio y les propone soluciones.
“Por ejemplo, el lote abierto que tiene uno solo de 600 hectáreas, que por acá los hay, que se metan ahí seis familias, acomodadas con finquitas y ganado con buena genética”, plantea Endo.
El hecho de tener título de propiedad sobre la tierra que habita y trabaja posibilitó que pudiera ser beneficiario de proyectos de conservación forestal y por eso hace casi 10 años que no deforesta en grandes proporciones, manteniendo 23 hectáreas de todo el predio en bosques. Algunos años ha tumbado media hectárea para sembrar comida, pero asimismo se ha apresurado a reforestar con árboles de abarco, aguarrás, roble amarillo o sevillana.
Otro de esos casos lo abandera Yamit Cardona. Llegó a los cuatro años de edad a Remolino del Caguán, por lo que se considera un chairense más. La guerrilla de las extintas Farc le arrebató a su papá y a un hermano, pero con todo y eso nunca dejó el Caguán. A los 14 años se puso a raspar hoja de coca y a vivir como raspachín. Años después le dio un giro a su vida y desde hace siete años se desempeña como profesor de la vereda Buena Vista.
Desde los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), iniciativa que incorpora situaciones críticas ambientales locales a varias actividades de las instituciones educativas, la escuela de Buena Vista propuso sembrar 500 árboles.
“Si yo con un niño comienzo de pequeño ‘vean vamos a sembrar esto, explicarle que si sembramos un árbol frutal nos puede dar frutos a futuro, si sembramos árboles maderables también, si sembramos árboles de sombra también, pero pasa lo mismo que con el Estado: el PRAE es simplemente hagan, vayan trabajen allá… Mándenos herramienta, mándenos material, ¡apóyenos!, pero nos dejan solos”, plantea el docente.
Otro de los problemas que resalta es que la continuidad no está garantizada. Los docentes rurales asumen unos compromisos con el Ministerio de Educación que decide en qué vereda y departamento prestarán su servicio. Así, proyectos como el de sembrar árboles que adelanta Cardona se desarticulan, como pasó con la escuela de la vecina vereda de Monserrate en el que un docente había sembrado 200 árboles con sus estudiantes, pero a inicios de este año lo cambiaron y quien lo reemplazó en el cargo no conoce el proceso que se estaba llevando.
Al igual que Cardona o Endo, centenares de familias se han interesado en llevar su vida en armonía con la selva amazónica. Poco a poco van consolidando la conciencia ecológica.
La “finca modelo”
Los campesinos del Bajo Caguán ansían que dejen de llegar instituciones, públicas y privadas, con proyectos aislados y se articulen para lograr que lo que vengan a proponerles para la conservación de la selva y el fortalecimiento de sus condiciones socioeconómicas dé resultados concretos.
“Vienen acá reúnen a dos, tres veredas, hablan bien bonito, y nos pintan que nos van a ayudar. Uno piensa ‘puede que este sí’ y ahí va, cuando llega otro que habla mejor todavía y ahí quedamos. Eso sí: saquen y saquen firmas… Y en esos intermediarios se quedan el dinero”, reflexiona un campesino consultado.
Si bien los labriegos de Cartagena del Chairá siguen esperando que el Estado les brinde soluciones integrales para vivir en la Amazonía sin afectarla y con la oportunidad de crecer en sus economías campesinas, algunos han empezado a hacerse cargo de la conservación ambiental con sus propias manos.
“Ya nos adaptamos a vivir en la zona. Queremos que se nos respete la zona y vivir aquí tranquilamente. Hemos conformado nuestras familias. La mayoría nacimos en otra región del país, pero yo me siento de aquí y creo que mucha gente se siente de aquí”, expresa Rafael Rodríguez, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Guamo. Para vivir tranquilamente en el Caguán las familias deben hacerlo cambiando su relación con la selva.
Uno de esos casos germina en la parte más baja del municipio, impulsado por la Asociación Campesina Integral Comunitaria Núcleo 1 Cartagena del Chairá (ACAICONUCACHA). El proceso organizativo de las comunidades de Cartagena del Chairá es fuerte y verdaderamente único. A mediado de la década de los 80, durante los años de control del Frente 14 de las antiguas FARC, los líderes consolidaron los liderazgos, acordaron agrupar las veredas del municipio en “núcleos” y establecieron manuales de convivencia en los que, entre varias cosas, se precisaba el cuidado del medioambiente.
ACAICONUCACHA tiene un plan de desarrollo realizado con el Instituto Sinchi desde el año 2020 en el que 16 veredas y por lo menos 600 asociados quieren apostarle a la idea de la “finca modelo”: terrenos para ser trabajados de manera tecnificada y con una producción sostenible, en donde se cultive pancoger y algunos productos para comercializar, se tenga unas cuantas vacas y otros animales y se reforeste sembrando árboles nativos.
“Para el proyecto de la finca modelo nos ayudó fuertemente el Sinchi; además, para sacarle la personería jurídica a la asociación. Se buscaron recursos, algunos ya nos han dado unos rollos de alambre y una batería para la implementación de la energía para las cercas y la luz de la casa”, cuenta el expresidente de la Junta de El Guamo.
En la ejecución de ese proyecto estaba contemplada la instalación de una planta procesadora del fruto de la palma de Canangucha o Moriche, un especie amazónica cultivada en la región caqueteña y de la cual se pueden extraer varios productos para la alimentación humana y animal. Aunque se terminó de construir, no está funcionando. Este portal estuvo en la vereda El Guamo y la encontró cerrada, con la maquinaria cubierta por el polvo.
La comunidad explica que el Instituto SINCHI nunca entregó las instalaciones con los ajustes finales y no hubo un acompañamiento para continuar con el proyecto en la fase productiva. A finales de abril de este año, funcionarios de esa institución llegaron al sitio y se comprometieron a que en junio próximo reunirían a la comunidad y se pondría en marcha la planta.
Si bien los proyectos productivos en el Bajo Caguán aún no son una realidad, la fe en la idea de la finca modelo sigue intacta. Uno de los que quiere cambiar la manera cómo se relacionan las comunidades con la selva amazónica es Hector Agudelo, un campesino de 65 años de edad, 35 de los cuales ha vivido en la vereda Las Quillas.
“Yo tengo una finca —cuenta este labriego—, pero yo por lo menos no cuento con ella porque estamos en Zona de Reserva Forestal y no nos dan títulos. Y ya no quieren que nosotros tumbemos para sembrar el pasto para el ganado, pero nosotros queremos seguir trabajando… ¡Yo ya estoy viejo, estoy pa’ morirme!, pero tengo un hijo muy joven y quiero dejarlo bien. La única alternativa que vemos es la cuestión de la finca nueva, la finca modelo, que llaman: sembrar pasto de corte y sembrar la yuquita y el plátano en lo poquito que tenemos tumbado”.
Desde la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá han elaborado una propuesta de “finca modelo” de cara a la realidad de la región. “Esto depende de la voluntad del Estado, la voluntad del gobierno para invertir en la región. Nosotros hemos dicho: ‘paramos la deforestación si hay voluntad del gobierno’”, precisa Aristides Oime, líder de la región y miembro de la Mesa.
Ante la lentitud estatal, buena parte de esa voluntad para acompañar a los campesinos la han encontrado en organizaciones no gubernamentales como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
“Han habido muy pocas opciones en las que organizaciones, o el Estado, hayan ofrecido proyectos, porque varios han llegado, pero la forma en que lo han hecho o la permanencia no ha sido igual. Lo que nosotros hemos logrado nos permite movernos con cierta tranquilidad”, considera Emilio Rodríguez, investigador de la FCDS, al tener presente que la llama viva del conflicto armado hace que tengan que andar con cuidado en la región para no tener problemas con las disidencias de las extintas Farc por el estricto control que ejercen sobre aquellos foráneos que visitan la región del Caguán.
“Hay una gran oportunidad de hacer un proyecto agroforestal, eso implica que donde ya hubo un potrero usted debería tener un sistema que incluya árboles maderables, árboles frutales y pancoger. Y tanto los frutales y el pancoger, en un corto periodo de tiempo, van a ser útiles para su economía doméstica”, explica Rodríguez, lo que se traduce en ayudar a la economía de las familias al no depender de la compra de frutas y verduras en el comercio, reforestar áreas afectadas y crear un proyecto campesino que representen un ingreso para las familias.
Con esos objetivos, la FCDS le muestra a las comunidades cómo la forestería comunitaria les ayudaría a desarrollar, en parte, lo que ellos establecieron como la “finca modelo”. A esa propuesta se han sumado 90 familias en el Núcleo 1 que de la mano del Sinchi están explorando la capacidad de aprovechamiento de productos maderables y no maderables.
“En la vereda El Capricho una señora nos dio jugo de tomate de árbol, ¡imagínese de dónde llegó ese tomate de árbol!, El tomate de árbol se produce por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar. Esa señora pagó por ese tomate de árbol para dárnoslo en el jugo, rodeada de bosque en donde podría tener cantidad de productos y frutos propios de la selva del Caguán de los cuales ella y su familia podría estarse beneficiando”, expresa Rodríguez.
Algunos de los productos más prósperos en el Bajo Caguán son el azaí o los melipolicultivos, de los cuales se puede sacar miel con un alto precio en el mercado, por eso alrededor de 20 familias empezarán a trabajar, de la mano de la Fundación, con la miel.
¿Qué tanta prosperidad tiene impulsar proyectos de azaí y abejas en el Bajo Caguán?, de cara a un suelo difícil para la agricultura y los altos costos para sacar los productos río arriba. Es la pregunta que se hacen centenares de labriegos de la región: “yo me pregunto ¿quién compra eso? ¿a dónde se vende el proyecto? Nosotros nos ponemos a sembrar un cuarto de hectárea de arazá, ese árbol bota mucho fruto y después de que tengamos la cosecha cargada en el bote para sacarla, ¿qué hacemos nosotros? ¿dejar pudrir esa pepa ahí? No hay una salida asegurada”, expone un campesino de la vereda Las Quillas.
La respuesta que da el experto es que para que este tipo de proyectos funcione deben ser concebidos de manera diferenciada para un mercado específico. “Quien produce una miel de abejas hecha en el Bajo Caguán, asociada a la protección del bosque que colinda y protege al Chiribiquete, es algo que tiene un mercado diferente y que debe venderse de una forma diferente y a un público objetivo diferente. Yo estoy seguro que habrá gente, incluso fuera del país, que estará interesada en comprar ese tipo de productos”, asevera, con convicción.
Al respecto, Rafael Rodríguez, desde su finca en la profundidad del Bajo Caguán, considera que este tipo de propuestas son una buena alternativa para campesinos como él, que tienen deforestadas entre 30 o 40 hectáreas, parar la tumba de árboles y empezar a recuperar los bosques.
«Nosotros buscamos un sistema de vida en la región del que nos podamos sostener —dice el expresidente de la Junta de El Guamo— y creemos que con nuevos estilos de fincas podemos hacerlo, pero el problema es la gente flotante que hay en la región. Algunos asumimos esa responsabilidad, otros no, entonces es una dificultad grande poder llegar a tener un acuerdo general y eso no lo hablo yo por El Guamo, lo hablo yo generalizando el río Caguán”.
“Nosotros necesitamos que haya Pagos por Servicios Ambientales”, propone este labriego, es decir, que el Estado le dé dinero a las familias por conservar los bosques de sus predios, pero para acceder a estos incentivos de conservación debe revisarse conjuntamente con el Estado la situación de tenencia sobre la tierra de los chairenses, como lo demanda el líder Oime: “vayan y verifiquen porque hay mucho campesino que no puede tener el documento, pero tiene la tradición de años en el territorio”.
Esperan pagos por cuidar la Amazonía
“Para que haya cero deforestación sería con la ayuda de instituciones o del Estado, que venga y diga: ‘le vamos a aportar una mensualidad a cada fincario para que no tumbe su monte, no más para la comidita’. Entonces por ese lado es que estamos aquí, tanto yo como la comunidad, esperando ese día que llegue”, relata un campesino de la vereda Las Quillas.
Hasta ahora, la única alternativa que el Estado le ha puesto sobre la mesa a familias como las de Las Quillas, que viven y trabajan en Zona de Reserva Forestal, para asegurar su permanencia en el territorio y recibir ganancias por cuidar de la selva, son los Contratos de Conservación Natural (CCN).
Se trata de una estrategia integral de conservación que, por primera vez en Colombia, permite regularizar la ocupación histórica de las comunidades campesinas e impulsar la gestión sostenible en las Zonas de Especial Interés Ambiental declaradas por la Ley 2 de 1959, sustituir cultivos de uso ilícito y fortalecer la producción agraria de las comunidades en polígonos específicos que ha determinado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este pacto le daría cierta seguridad jurídica a las familias que suscriban estos CCN al tener la oportunidad de ser un ocupante reconocido por un plazo que va de 1 a 10 años, dependiendo de las actividades que desarrollen y con la posibilidad de prorrogarse si se ha cumplido con las obligaciones contractuales.
“De acuerdo con la Ley de Acción Climática No. 2169 de 2021 en su artículo 7, CCN es una estrategia que comprende el otorgamiento del derecho al Uso de la Tierra y la celebración de Acuerdos de Conservación con familias rurales que habitan baldíos no adjudicables, tales como las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2a de 1959”, precisa Tatiana Watson, gerente de la estrategia de Contratos de Conservación Natural de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en respuesta escrita enviada a este portal.
¿En qué consisten estos dos componentes? Según le explicó la funcionaria, los Acuerdos de Conservación Voluntarios son mecanismos que orientan el ordenamiento del predio, la posibilidad de acceder a un pago por servicios ambientales, desarrollar procesos de restauración y/o establecer proyectos productivos sostenibles.
Los Acuerdos de Conservación sólo podrán ser entregados cuando se otorgan los Contratos de Derecho de Uso, un acto jurídico concedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que da “el derecho al uso y goce de la tierra, reconociendo la normatividad ambiental, entre ellas la de Reserva Forestal establecida por la de la Ley 2 de 1959”.
Pero la exigencia de los Contratos de Derecho de Uso se convirtieron en la manzana de la discordia entre las antiguas comunidades cocaleras de Cartagena del Chairá. Según los campesinos, los Acuerdo de Uso no garantizan la propiedad sobre la tierra y generan inseguridad de los predios de sus habitantes porque no se les reconocen la propiedad oficial.
La firma del Acuerdo de Paz aceleró la transición entre la economía de la coca y la ganadera en Cartagena del Chairá, pero pudo ser diferente si las familias que sembraban el ilícito hubieran tenido otros proyectos agroproductivos y sostenibles por parte del Estado.
“Era el momento oportuno para que el Estado llegara a los territorios a darle alternativas a los campesinos para la tecnificación o para la formación ganadera o agrícola en el territorio, con proyectos productivos, no con proyectos menores de ‘le damos 20 gallinas; dos, tres marranos; y hagan la cría y ya’”, considera Aristides Oime.
A lo que se refiere este líder y decenas de campesinos con los que este portal pudo hablar es a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través del cual se consolidarían proyectos productivos para sacar a 2.347 familias (1.548 cultivadoras, 56 no cultivadoras y 743 recolectoras) de los cultivos de hoja de coca en este municipio caqueteño.
Sin embargo, tras varios años esperando su efectiva ejecución, hoy se sienten defraudadas y confundidas. (Leer más en: PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas)
Aunque los informes de Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata emitidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ilustran que para 2020 se había cumplido con más del 70 por ciento en ayudas a la seguridad alimentaria en el país, el proceso estuvo atravesado por graves incumplimientos y los proyectos productivos se estancaron, en parte porque muchas familias que suscribieron este acuerdo y erradicaron voluntariamente viven en Zona de Reserva Forestal, lo que obstaculiza la ejecución del Programa.
La alternativa que se planteó para desarrollar el PNIS en estas áreas de Especial Protección Ambiental fue a través de los Contratos de Conservación Natural, pero los términos para acceder a estos no cayó nada bien entre las comunidades.
“¿Por qué nos iban a sacar dos millones de pesos del PNIS para asumir ese compromiso de los contratos de Derecho de Uso?”, se pregunta, molesto, un labriego de Las Quillas.
Según explican varios labriegos, funcionarios del PNIS los reunieron para decirles que si querían que los proyectos productivos se desarrollan en los predios ubicados dentro de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, el programa iba a “descontar” dos millones de pesos del rubro que tenía cada familia para los proyectos productivos, dinero que sería empleado para realizar las diligencias de inspección del predio que solicita la ANT.
Watson, desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aclara que ninguno de los dos componentes de los Contratos de Conservación Natural —Contratos de Derechos de Uso y Acuerdos de Conservación Voluntario— tiene costo para los interesados.
“El trámite para adelantar el CDU —Contratos de Derechos de Uso— no tiene costo para las familias. Los estudios técnicos implican algunos costos que lidera el sector agricultura con el apoyo de aliados como entidades públicas, privadas o de cooperación internacional, pero en ninguno de los casos es un costo que asume la familia”, explica la funcionaria.
Y precisa que “el valor de dichos estudios se determinará según las condiciones de las zonas de estudio” y, de igual manera, asegura que “el Acuerdo de Conservación Voluntario, en esquemas de Pago por Servicios Ambientales, no tiene costo para el ingreso de beneficiarios”.
VerdadAbierta.com se comunicó con la oficina de prensa de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), además de contactar por correo electrónico a Campo Elías Vega Rocha, subdirector de Administración de Tierras de la Nación, para conocer sobre los supuestos costos que se les estaba haciendo a las familias sobre los fondos del PNIS para los estudios de los Contratos de Derechos De Uso, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
En entrevista con este portal, Hernando Londoño, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) aclara que no se le está quitando dinero a las alrededor de siete mil familias que viven en Zona de Reserva Forestal y no se le estaba descontando dinero al PNIS.
“La inversión de recursos públicos en bienes públicos a favor de privados, no solamente es un prevaricato por acción, sino también un peculado a favor de terceros. Yo no puedo invertir recursos públicos en territorios propiedad de la Nación a favor de privados”, indica Londoño.
“Las Zonas de Reserva Forestal —agrega— son de propiedad de la Nación, bienes públicos y los recursos del PNIS son bienes públicos solo que van a favor de un tercero que dijo que iba a sustituir, pero ese tercero está ubicado en Zona de Reserva Forestal. Yo no puedo implementar proyectos productivos a un campesino si no tiene un derecho a usar ese territorio”.
“Este es un problema entre un beneficiario (del PNIS) y la Agencia Nacional de Tierras —continúa—, no es mi problema. Yo lo único que tengo que decirle al campesino es ‘muestreme el derecho de uso que le dio la Agencia de Tierras para poder implementar el PNIS, pero si actúo bajo ese estricto orden de lo que estoy diciendo, pues nunca voy a implementar el PNIS”.
La ANT le respondió a Londoño que no tenía ni el dinero ni la gente para hacer esa gestión. Por eso, el director del PNIS le propuso a Campo Elías Vega que, a través de los operadores del Programa de sustitución de cultivos ilícitos, podría realizar los trámites de inspección de los predios, para que la ANT realizara los trámites administrativos con la información levantada en territorio.
En los Polígonos habilitados por el Ministerio del Medio Ambiente en las Áreas de Especial Interés Ambiental, Londoño habló con las familias para decirles que desde la dirección del PNIS iban a ayudarlos a conseguir los Contratos de Derechos de Uso, entre esas varias familias de Cartagena del Chairá.
“¿Qué hicimos nosotros como Programa? Venga señor campesino nosotros le ayudamos con el Derecho de Uso y sus costos de trámite los asume el Programa y le ‘damos’ siete millones de los proyectos de ciclo corto —pues son en total nueve millones— hasta tanto me lleguen recursos para cubrir los dos millones que me cuesta el trámite de los Derechos de Uso”.
Lo que Hernando Londoño le precisa a VerdadAbierta.com es que una vez vuelva a tener recursos suficientes, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos completará los dos millones del ciclo corto que se tomarían de los recursos PNIS con dineros de otra bolsa que no especificó, con las familias de todo el territorio nacional que expresaron hasta el 18 de abril pasado el deseo de tomar esa alternativa.
“Acá están buscando decirle a la gente: ‘esto es así y lo firma o no lo firma’”, cuestiona Rodríguez de la FCDS, quien considera que debe procurarse porque este sea un ejercicio de diálogo en el que no se puede perder de vista que se está buscando conceder un derecho a las comunidades vulnerables de usar la tierra de áreas protegidas bajo unos parámetros de conservación.
Oportunidad estancada
El investigador de la FCDS considera que los Contratos de Conservación Natural son una gran oportunidad para frenar el declive de la Amazonía: “Por ahí empiezan buena parte de las soluciones, porque es ahí que el Estado hace un primer reconocimiento a un campesino que está asentada en la Reserva Forestal de la Ley 2, sea zona A, zona B, zona C; eso no existía”.
“Lo que pasa —agrega— es que llevarlo a la práctica es complejo y a mi particular modo de ver porque buena parte de ese ejercicio está asociado a quienes han estado cultivando coca, pero hay muchísimo más potencial de familias que ya no están en ese tema, pero creo que hay una carencia de pedagogía en el tema”.
Con todo y eso, los chairenses no tienen mucho por qué lamentarse, pues la implementación de los Contratos de Conservación Natural no han alcanzado el avance que se había anunciado de cara a la gran expectativa que generó entre las comunidades.
Andrés Valencia, actual presidente de la Junta de la vereda Las Quillas, explica que en la región han tenido reuniones comunales para hablar sobre oportunidades de pagos por servicios ambientales: “nosotros estamos para esa, nosotros nos comprometemos a no tumbar, que la montaña que tenemos nos dé el sustento para nosotros sostenernos y tecnificar los pedazos tumbados que ya tenemos”, dice, pero para eso las familias de su comunidad necesitan los Contratos de Conservación.
El 17 de febrero de 2021, el mismo día que inició la vacunación contra el Covid-19 en el país, el gobierno del presidente Duque anunciaba el inicio de otro importante proceso: la entrega de 111 Contratos de Conservación Natural a familias del municipio de Tierralta, Córdoba, con lo que centenares de campesino recibirían pagos por servicios ambientales por conservar 400 hectáreas de bosques.
Ese día anunció que la meta de ese gobierno sería entregar 9.596 Contratos de Conservación Natural para antes que llegara a su fin su mandato en 2022. Solo en 2021, se había trazado la meta de entregar más de 5 mil de estos; sin embargo, a cuatro meses de concluir su periodo de gobierno los resultados mostrarían un rotundo fracaso sobre esas pretensiones.
Según la respuesta de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a la fecha solo se han entregado los 111 Contratos de Tierralta, para los que se suscribieron 200 Contratos de Derechos de Uso. “Los procesos restantes se encuentran en etapa de ejecución”, indican desde esa entidad y precisan que aún no hay ningún contrato de ese tipo en Caquetá, sino 649 procesos que pretenden suscribir Contratos de Derecho de Uso en el departamento: 345 en San Vicente del Caguán, 181 en Cartagena del Chairá, 49 en Solano, 35 en El Doncello y 30 en La Montañita.
Las comunidades con las que VerdadAbierta.com pudo conversar en Cartagena del Chairá estaban interesadas en firmar los Contratos de Conservación Natural, pero les preocupaba no tener certeza sobre qué pasaría con su permanencia en el territorio después de que se cumpliera el término de estos contratos.
Al respecto, Watson le precisa a este portal que en la minuta del contrato se establece la opción de tener prórrogas y la posibilidad de seguir ocupando debidamente el predio incluso si se da por terminado el contrato. En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo, “la AGENCIA retomará la administración del BIEN BALDÍO de acuerdo a sus competencias funcionales y misionales, sin que ello signifique la entrega del mismo por parte del USUARIO”, precisa una de las cláusulas.
Centenares de familias están con una gran expectativa, aunque aún son solo sueños: “Que alguien llegara —expresa un campesino de la región— y nos dijera ‘esto es para ustedes y cada mes, cada dos meses, cada seis meses, cada año le vamos a pagar tanto por conservar’… ¡pero que llegue! Acá se la pasan llegando entidades y no pasa nada”.