En Remolino del Caguán, lo que algunos llaman el corazón del Caguán, todo parece estar firme: las casas de uno y dos pisos; algunas vías de cemento, la plaza central y el templo católico. Todo ello habla de una comunidad organizada que ha crecido con la tradición de las poblaciones desamparadas del borde amazónico colombiano.
Paradójicamente, lo menos estable es la tierra en esta inspección del municipio de Cartagena del Chairá. Sí, la tierra que pisan y trabajan a diario los labriegos. La mayoría de las familias allí no son dueñas de los predios que las vieron crecer por generaciones, y cuyos antepasados llegaron de diferentes puntos de Caquetá y de otros departamentos en busca de mejores oportunidades e incentivados por el propio Estado para adelantar procesos de colonización.
Aunque fungen como poseedores, muchos no formalizaron la propiedad sobre los baldíos de la Nación sustraídos de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía o no han logrado legalizar la posesión de la tierra por estar dentro de esa Área de Especial Interés Ambiental, lo que malogra la posibilidad de tener títulos sobre esos predios.
Y es que el uso y tenencia de la tierra en este pedazo de Caquetá está atravesado por el desgreño de las autoridades agrarias, el conflicto armado y modelos de explotación en los que el Estado parece que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de identificar quién es dueño de la tierra y controlar las talas y quemas de bosques nativos, el mayor crimen de depredación ambiental que vive la Amazonía.
VerdadAbierta.com ha visitado la región y conversado con los líderes y las lideresas campesinas, también ha consultado expertos, revisado archivos y el resultado no puede ser más que preocupante: buena parte del desarreglo agrario lo ha provocado el mismo Estado y no hay indicios de remediarlo pronto.
¿La tierra prometida?
“Caquetá es como un recipiente de buena parte de los errores que se han cometido en la política de tierras en el país”, considera Darío Fajardo, antropólogo y profesor de la Universidad Externado de Colombia. El problema de la tierra en este departamento se remonta a por lo menos 100 años atrás.
Según este académico, la década de los años veinte estuvo marcada por la adopción de una política de tierra más incluyente, sobre todo entre 1926 y 1928, cuando se buscó abrir espacio para la pequeña y mediana propiedad campesina. Eso fue posible gracias a las normas agrarias que empezaron a relucir en aquellas épocas.
Juanita Villaveces Niño y Fabio Sánchez, en su texto Tendencias históricas y regionales de la adjudicación de baldíos en Colombia (Universidad del Rosario, 2015), precisan cómo los gobiernos de inicios del siglo XX promovieron la colonización de esta región: “La política de tierras buscaba promover la expansión de la frontera agrícola y la colonización en un sentido amplio, es decir sin carácter redistributivo sino de uso y ocupación del espacio. Durante este periodo también se dictaron leyes con miras a promover la inmigración a regiones alejadas, en especial Putumayo y Caquetá en 1913”.
Con los decretos 839 y 1110, expedidos en 1928, se fomentó la colonización de tierras baldías, abriendo la posibilidad para que pudiera entregarse a los pequeños campesinos y el Estado reconociera la organización del campo en comunidades de labriegos.
“Esto es muy interesante porque es una señal de que en algunos sectores al menos hay preocupación por la distribución de la tierra, que sigue un patrón hegemónico de la gran propiedad”, resalta Fajardo, y agrega que, a finales de la década de los años veinte, aunque hubo avances en las políticas de tierras, fueron acciones limitadas porque a lo largo de la historia “la correlación de fuerzas ha sido adversa a la asignación de tierras”. El panorama terminó de estrecharse en los años posteriores al mandato del presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934).
La Ley 200 de 1936, sobre el régimen de tierras, fue el reflejo de esa situación. “Ya no es una ley que favorezca una asignación generosa de tierras para pequeños campesinos, sino simplemente de formalización de la propiedad”, explica Fajardo.
Durante la década de los años cuarenta se da un retroceso de la mano con una ofensiva contra las comunidades organizadas de campesinos que habían emprendido la colonización de los bordes del país que, para el caso de Caquetá y otras regiones amazónicas, se habían interesado en el comercio de caucho blanco, tabaco y maderas como juansoco y cedro, pero los altos costos de producción y transporte, sumados a la competencia de producción en otros países, volvieron inviable esas actividades.
Luego vendrían los años de La Violencia de la década de los años cincuenta y con ella un masivo desplazamiento forzado de campesinos de sus tierras. En medio de la zozobra y la desesperación, miraron hacia la Amazonía con la esperanza de tener un nuevo comienzo. Caquetá se convirtió entonces en un enclave de recepción de población migrante campesina proveniente, en su mayoría, de los departamentos de Huila y Tolima.
Estudios del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) plantean que “la disponibilidad de tierras y el trabajo familiar campesino prometían el reacomodo de la población y la recomposición de su economía tradicional, sólo que ocurría en contextos geográficos, ambientales e históricos diferentes a los de la vida rural de sus lugares de origen”.
Fue un cambio abismal para los nuevos colonos, pues el suelo con el que tuvieron que empezar a lidiar tiene una capa muy delgada de tierra productiva que dificulta la producción agrícola: los ciclos de cosecha son muy lentos y es necesario dejarla descansar por un tiempo y abonarla para usarla nuevamente. Es por ello que la opción es tumbar pedazos de selva para continuar cosechando y produciendo alimentos.
La historia familiar de Farid Murcia, líder social de Cartagena del Chairá, hace parte de esa migración forzada que referencian los académicos. Su abuelo y su padre llegaron al piedemonte caqueteño en los años treinta escapando de la violencia bipartidista por ser liberales.
Durante cuatro días, abriéndose paso entre la selva y atravesando la cordillera Oriental, llegaron desde el municipio de Algeciras, en Huila, e hicieron su ‘fundo’ en el corregimiento Santana Ramos, de Puerto Rico, Caquetá. Se dedicaron a la agricultura y la ganadería, viajando por agrestes trochas para comercializar sus productos del campo.
Mientras su abuelo y su padre se enfrentaban a la selva, Murcia concluyó sus estudios y se convirtió en docente del corregimiento y luego en coordinador del núcleo 4, modo de organización propio que agrupa un conjunto de veredas. Durante años evidenció cómo las familias campesinas gestionaban sus necesidades comunitarias, pero nunca formalizaron la propiedad sobre las tierras que habían trabajado.
“Todo en el departamento de Caquetá se ha conseguido a través de luchas populares, de los campesinos. Aquí nadie nos ha regalado nada, ¡pero es nada!”, resalta Murcia, cuando evoca su historia y la de sus vecinos. Estas comunidades se organizaron para proveerse de los servicios que el Estado no les suministra con eficiencia, como salud, educación, vivienda e infraestructura.
Tensiones por zonas protegidas
A comienzos de 1959, la Presidencia de la República expidió la Ley 2, con la que reglamentó la economía forestal para la conservación de las aguas, los suelos y la vida silvestre de siete subregiones del país. Bajo esa normativa se creó la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, de 34 millones de hectáreas, que abarca amplias regiones de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, Putumayo y Vaupés.
Pero esa norma reñía con la presencia de centenares de familias afincadas para esa época en la selva caqueteña, y con las que siguieron llegando buscando un ‘fundo’ para vivir. Para responderles a todas ellas, el recién creado Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), al que le dio vida la Ley 135 de 1961, expidió el 2 de marzo de 1964 la Resolución 041, mediante la cual se reservó “un sector de terrenos baldíos para una colonización especial en San Vicente del Caguán y Puerto Rico, Caquetá”.
En otros términos, se sustrajo una amplia zona de tierras baldías de la Nación a la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía para atender los fines de la colonización campesina que se venía dando en Caquetá desde hacía más de una década.
Pero luego vendrían los primeros errores estatales, entre ellos la entrega de subsidios para apoyar esos procesos de poblamiento destinados a actividades ganaderas, buscando reproducir los modelos de las haciendas del piedemonte caqueteño que venían imponiéndose desde inicios del siglo XX.
Al referirse a las actividades ganaderas y a monocultivos como los de palma africana, el Instituto SINCHI ha planteado en sus análisis que “las instituciones que orientaron el proceso de colonización, como el Incora, fueron en parte responsables de la reproducción de modelos que, posteriormente, se definirían como no apropiados, no viables, e insostenibles en la Amazonía”.
En los primeros años de la década de los setenta, los campesinos tampoco estaban satisfechos con las actuaciones estatales. En reacción a ello, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) impulsó en Caquetá masivas protestas, ya no por el acceso a tierras, sino por un mayor apoyo del Estado en el cumplimiento de los proyectos de apoyo a la colonización en créditos, carreteras, educación, salud y mejores precios de las cosechas.
En el resto del país, la ANUC impulsó la “toma de tierras”, entre ellas las de grandes hacendados, con el fin de que luego fueran adquiridas por el Estado y redistribuidas entre los campesinos sin tierra. Esa presión fue respondida con agresividad por los terratenientes que comenzaron a solicitar desalojos a la Fuerza Pública y, con sus influencias, tuvieron eco en el gobierno del entonces presidente de la República, Misael Pastrana Borrero.
Las presiones de los grandes propietarios de tierras derivaron en el llamado Pacto de Chicoral, firmado el 9 de enero de 1972 en las instalaciones de la Caja Agraria de esa población del departamento de Tolima. Algunos analistas consideran que ese acuerdo fue un proyecto de contrarreforma agraria que bloqueó la posibilidad de una justa distribución de la propiedad de la tierra, aceleró su concentración y generó una masiva expulsión de campesinos de sus territorios hacia la Orinoquía y la Amazonía.
Pero no sólo los terratenientes acosaban al campesinado que luchaba por salir adelante. Aquellos que tenían sus parcelas eran presionados por los nacientes grupos armados ilegales y la delincuencia común, que comenzaron a extorsionarlos y a afectar sus economías familiares.
En ese contexto llegó Eucario de Jesús Bermúdez, de la mano de sus padres a colonizar zonas profundas del medio Caguán hacia el noroccidente, en las hoy veredas de Campo Verde y Líbano. Su familia se vio obligada a desplazarse en 1977 del municipio de Balboa, Risaralda, de huida de extorsionistas que querían imponerles impuestos por las cosechas de café que administraba su padre.
“Mi papá dijo: ‘En vez de darle esas cargas de café a ese tipo, las voy a vender y nos vamos a desaparecer’; y entonces le dijo a mi mamá: ‘Nos vamos para el Caquetá. Yo por allá he escuchado que hay baldíos, nos vamos a conseguir tierra pa’ trabajar por allá’”, recuerda Bermúdez.
Y, en efecto, abandonaron Risaralda y se fueron hacia el sur del país, donde consiguieron un predio en el municipio de Cartagena del Chairá, al que llegaban en ocho horas navegando por el río Caguán y ocho más a pie. Allí se dedicaron a la agricultura de nuevo.
Pésima gestión estatal
A mediados de la década de los años ochenta se materializó la sustracción de una amplia porción de tierra de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía con el fin de legalizar los predios de los colonos que se estaban asentando en la región del Medio y Bajo Caguán, en Caquetá.
Mediante el Acuerdo 65, expedido el 25 de septiembre de 1985 por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), se sustrajeron de esa reserva 367.500 hectáreas para beneficio de las familias que estaban asentadas en Cartagena del Chairá y en Solano, lo que representó un 22,6 por ciento de las 1.620.000 hectáreas que, inicialmente, le solicitó el Incora en sustracción.
Dos consideraciones fundamentales se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión, según costa en el Acuerdo: de un lado, que las comunidades del Medio y Bajo Caguán “se caracterizan por un alto grado de organización a través de las Juntas de Acción Comunal coordinadas por el Comité de Colonización, con una cobertura de un 95% de las veredas y asentamientos”.
Y de otro lado, precisa el documento, porque “se ha percibido el desarrollo de una incipiente conciencia ecológica que les permite comprender su responsabilidad hacia los recursos naturales renovables”.
Sin embargo, las labores de sustracción no fueron realizadas a través de visitas técnicas a la región, sino desde los escritorios del Inderena, en Bogotá. El resultado no pudo ser peor: la accidentada forma del polígono sustraído no se corresponde con los pliegues del río, lo que ocasionó que haya segmentos en los que la porción sustraída para titulación es de más de 28 kilómetros en línea recta desde el río, como otros en los que puede ser menos de 1,5 kilómetro.
Pero no es el único problema generado desde la capital de la República. Y así lo hace notar Melquisedec Betancourt, quien, desde hace 14 años, lidera procesos comunitarios en diez veredas del Bajo Caguán agrupadas en el núcleo 5. Su preocupación por tener claro de quién es la tierra lo ha llevado a identificar fincas con título de propiedad en zonas no sustraídas de la Reserva Forestal de la Amazonía.
Según sus propias investigaciones, tan sólo en las veredas Sardinata Alta, La Holanda y Panamá Uno, donde ejerce su liderazgo, “unas 20 a 25 familias están en zona de Ley 2 y tienen título”. Contrario a lo que ocurre en la vereda Las Quillas, donde sólo una familia, de 18 que la habitan, tiene título de propiedad.
Poca titulación
Este desarreglo agrario en la tenencia y propiedad de la tierra caqueteña se vio afectado por la débil economía campesina, que carecía de infraestructura para la comercialización de las cosechas, y las restricciones impuestas al uso del suelo, lo que llevó a cientos de labriegos, a mediados de la década de los años setenta, a migrar hacia los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, impulsando, de paso, nuevos repoblamientos.
Ese crecimiento poblacional se refleja en las estadísticas del DANE sobre Cartagena del Chairá: entre 1985 y 1993 tuvo un aumento de sus habitantes en un 163 por ciento en el área urbana y un 296 por ciento en el área rural, lo que, sin duda alguna, incrementaba la presión sobre la selva, que sucumbía ante el avance de la hoja de coca.
Datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) precisan que para el año 2001, Caquetá tenía un área sembrada de 26.603 hectáreas dispersas en 15 de sus 16 municipios, siendo los más afectados Cartagena del Chairá (13.551 hectáreas); Solano, (4.005 hectáreas); San Vicente del Caguán (1.713 hectáreas); Solita (1.170 hectáreas); y Valparaíso (1.240 hectáreas).
Desde comienzos de los años ochenta, la extinta guerrilla de las Farc comenzó a “administrar” esa actividad ilícita a través de varios de sus frentes, agrupados en el Bloque Sur: promovieron los cultivos de hoja de coca, regularon los precios de la pasta base, impusieron el impuesto sobre la producción de coca y se articularon con varios carteles del narcotráfico. De allí salieron miles de millones de pesos para financiar la guerra contra el Estado colombiano.
Análisis del Sinchi sugieren que el hecho de que se haya cultivado hoja de coca en muchos de los predios colonizados entre las décadas de los años ochenta y noventa incidió en el bajo interés por la titulación de la tierra. Esa tesis es corroborada por Eucario Bermúdez, quien ha ejercido su liderazgo como coordinador de núcleo y presidente de junta de acción comunal en Cartagena del Chairá: “La gente se dedicaba a sembrar coca, a cultivar coca y a vivir de la coca. La gente no pensaba en títulos”.
De acuerdo con Bermúdez, ese desinterés por la titulación de tierras fue más una actitud de “los nuevos colonos”, aquellos que llegaron a finales de la década de los años ochenta y comienzos de los noventa atraídos por el ‘boom de la coca’. Buena parte de quienes colonizaron antes sí se preocuparon por formalizar sus predios y obtener sus títulos.
Con el transcurso de los años y la acción del Estado a través de estrategias de fumigación y sustitución de cultivos ilícitos, esos sembradíos se redujeron ostensiblemente y muchos sembradores de hoja de coca abandonaron Caquetá. En 2020, según la ONU, se registraron 2.076 hectáreas, concentradas, en mayor medida, en la región del Bajo Caguán, en límites con el departamento de Putumayo.
Quienes se quedaron, muchos de ellos descendientes de los viejos colonos, comenzaron a apropiarse de los predios abandonados, “a crear finca” y a adecuarlos para la actividad ganadera, que es la que hoy se impone en la región del Bajo Caguán. Pero seguían sin títulos de propiedad, lo que limitaba el acceso a créditos bancarios para mejorar su productividad.
“Por eso nos vimos en la necesidad de exigirle al gobierno que por favor nos mandara a alguien para que nos titularan esas tierras. Apareció el Incoder: para unos bueno, para otros malo, a mí no me sirvió para nada.”, afirma Murcia, sugiriendo que la titulación requerida no avanzó.
A su juicio, el tema de la propiedad de la tierra “se volvió un problema muy serio” a partir de 2017, con la desmovilización, desarme y reincorporación de las extintas Farc bajo el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, porque se vino un nuevo repoblamiento con la intención de ocupar las tierras.
“En el momento que las Farc salen de la región, de inmediato viene gente de otros municipios del Caquetá y del interior del país a entrarse a la zona de reserva forestal a coger sus tierras, 200 o 300 hectáreas una sola persona”, cuenta este líder campesino.
Y el problema serio del que habla este líder no sólo es ambiental, es también la reacción del gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022), que respondió a ese nuevo repoblamiento con la Operación Artemisa, una estrategia militar para combatir la deforestación y que ha generado, según denuncian las comunidades, graves violaciones a los derechos humanos.
VerdadAbierta.com quiso actualizar los datos sobre el número de títulos de propiedad rural en Cartagena del Chairá y las acciones de formalización de tierras en Zona de Reserva Forestal de este municipio, para lo cual le solicitó información a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sin resultado alguno, pese a que la oficina de comunicaciones dijo tener la respuesta lista, al cierre de este reportaje no le fue suministrada.
Les pusieron límites
La preocupación por regular la ocupación de tierras adjudicadas a través de programas de reforma agraria, llevó al Estado colombiano a promulgar la Ley 160 de 1994, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, cuyo fin esencial fue “regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos”.
Esa norma estableció límites a esas adjudicaciones mediante la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que fue definida como una “empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio”.
Con la Resolución 041 de 1996, el Incora precisó las extensiones de las UAF, que se definieron con base en las características de la productividad de la tierra. Para el caso de Cartagena del Chairá, que se agrupó en la zona de la Altillanura del Caquetá, se estableció un rango de 86 a 117 hectáreas.
Eso quiere decir que, al momento de adjudicar un baldío, el Estado debía hacerlo de acuerdo con las UAF establecidas y sólo entregar un predio por familia, para evitar el acaparamiento de tierras.
Bermúdez es uno de los beneficiarios de la adjudicación de 117 hectáreas, según consta en la escritura pública No. 225 del 19 de febrero de 2009, registrada en una notaría de Florencia. Lo paradójico es que están dentro de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, de ahí que un 70 por ciento del predio lo destine para la ganadería y el resto para preservación.
“En el caso mío, yo me preocupé mucho por las escrituras —narra este líder campesino—. Yo decía ‘uno sin tener tierra y la tierra trabajarla uno y que sea del Estado, no…’. Entonces yo me fui para el Incora en 1999”. Y argumentando que debía ser sujeto de reforma agraria, diez años después, logró que el Incoder le adjudicara el predio en el que trabajaba: “y soy uno de los que está dentro de la franja de la Ley 2 del 59, pero como yo, hay una cantidad de gente que tenemos títulos, escrituras”.
“El Estado no reconoce sus propios errores —continuó—. Para usted tener un préstamo o un título a usted lo obligaban a que tenía que tener descubierto, mínimo 50 hectáreas de pasto”, lo dice enseñando los papeles del empréstito hipotecario que le solicitó al Banco Agrario un año después de conseguir su título.
“¿Dónde están las oportunidades de trabajo que le da el Estado a la gente campesina? ¿Dónde están los préstamos con bajos intereses? Lo llevan a uno a deforestar para después decir que uno es el culpable de todos los males”, cuestiona Bermúdez.
Una revisión detallada a los documentos de propiedad de este campesino evidencia el desorden institucional agrario y el desconocimiento del Estado sobre el inventario de baldíos y fronteras. La escritura y el folio de matrícula inmobiliaria sitúan la propiedad en jurisdicción de Cartagena del Chairá, incluso el pago del impuesto predial lo hace en este municipio, pero según pudo establecer este portal con mecanismos de georreferenciación, el predio realmente está en San Vicente del Caguán y en zona protegida por la Ley 2.
Decisiones restrictivas
Además de las limitaciones que impuso con las UAF para la adjudicación de tierras de origen baldío, en 2013, y más de 50 años después de promulgada la Ley 2, el Estado colombiano decidió realizar un proceso de zonificación y ordenamiento de cada una de las reservas forestales establecidas por esa norma.
A través del Decreto 1925, expedido el 30 de diciembre de 2013 por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó las correspondientes zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonía para los departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila, en una extensión cercana a 12 millones de hectáreas, con el fin de tener un mejor instrumento de planeación del desarrollo.
Se crearon entonces tres tipos de zonas: la A, fuertemente restrictiva sobre la misión de conservación; la B, un poco más permisible para otras actividades; y la C, que permite economías agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la protección ambiental.
Esa medida afectó a los campesinos de Cartagena del Chairá, por cuanto una amplia zona de este municipio caqueteño quedó caracterizada como tipo A, es decir, la más restrictiva para las actividades agrícolas, poniéndolos de nuevo entre la espada y la pared.
Sobre este tipo de situaciones adversas para los labriegos, el investigador Fajardo resalta que esas zonas no han sido objeto de una política consistente: “Allí simplemente ha llegado la gente, en algunos casos titulan, en medio del desorden más terrible”. ¿Y cómo superar estas dificultades?
Este académico sugiere dos opciones: de un lado, avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular lo referido a la Reforma Rural Integral, que tiene entre sus lineamientos “delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental”, para lo cual es necesario generar para la población campesina que las ocupan o colindan con ellas alternativas equilibradas “entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible”.
Y de otro, que se haga una reforma agraria en la que “los campesinos que han sido expropiados, desposeídos y desterrados se les diera acceso, no por allá, en los bordes de la frontera agraria, en este caso de estas reservas forestales, sino en el interior, es decir, zonas con suelos de calidad, con acceso a mercado, infraestructura, que es lo que ha sido imposible en particular desde el Pacto de Chicoral”.
Aunque para el académico las áreas protegidas van a defenderse si se tiene a campesinos estabilizados en zonas aptas para el aprovechamiento y el acceso a la propiedad rural, líderes sociales como Luis Antonio Valencia, un docente que lleva 23 años trabajando en la región y que coordina la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra en Cartagena del Chairá, encuentra lejana la posibilidad de reorganizar a tantas familias que ha hecho vida en esas tierras.
“Hay que aterrizar esas líneas”, precisa Valencia. “Hay que buscar alternativas de sustracción de algunas veredas y derechos de uso del suelo en otras zonas. El campesino debe tener algún documento donde lo acrediten poseedor de ese terreno para que no lo sigan jodiendo”.
Espere en nuestra próxima entrega: VerdadAbierta.com investigó cómo y por qué en los últimos cuatro años incrementó la deforestación, quiénes son los deforestadores y cuáles han sido los resultados de las acciones judiciales y militares del Estado para atender esta crisis.
Este artículo fue realizado gracias al respaldo de la Asociación Ambiente y Sociedad, y al apoyo brindado por la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá, Caquetá.