Detrás de la deforestación está la necesidad de tierras de comunidades vulnerables y el plan ganadero de terratenientes. Mientras tanto, las acciones militares arremeten contra las comunidades empobrecidas y los grandes deforestadores siguen tumbando la selva sin control. Comunidades proponen alternativas y quieren ser escuchadas.
Tras largas luchas, algunas familias del municipio tienen títulos de esas tierras. Otras no formalizaron la propiedad sobre los pedazos disponibles para titulación. Y muchas más no lograron formalizar su posesión porque está dentro de un área ambientalmente protegida que malogra la posibilidad alguna de tener títulos.
Con el paso de los años, a la falta de escrituras, se sumaron la explotación de cultivos de coca y el control de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que impusieron su ley a sangre y fuego entre las comunidades campesinas. Hoy quedan en la región grupos disidentes que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano en noviembre de 2016.
La posesión irregular de la tierra y los modelos de producción económica inviables con el suelo amazónico han repercutido en la deforestación, por imposibilitar el control y la posibilidad de identificar a los responsables.
